El independentismo ha encajado la retirada de la inmunidad de Carles Puigdemont y del tercer grado para los golpistas presos con su habitual y aparente moral de victoria. Los medios afectos consideran que la resolución del Parlamento europeo (400 votos a favor de retirar la inmunidad a los fugados, 248 en contra y 45 abstenciones) es un varapalo contra la justicia española. Es la tesis que sostienen TV3 y Catalunya Ràdio, el titular dictado por el expresidente prófugo, cuyo abogado, Gonzalo Boye (condenado por el secuestro de Emiliano Revilla e investigado por blanqueo de capitales del narco Sito Miñanco) se prepara para una nueva batalla jurídica en Bruselas.
El optimismo separatista deriva de la última resolución de los tribunales belgas, que negaron la extradición del exconsejero de Cultura Lluís Puig alegando que el Tribunal Supremo no era competente sino que debía ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y que, en cualquier caso, no estaba garantizada la imparcialidad de los tribunales españoles.
La cuestión prejudicial presentada por el magistrado del Supremo Pablo Llarena en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea persigue desactivar la posición del sistema judicial de Bruselas. Llarena pregunta si un tribunal belga puede juzgar la competencia del tribunal español que emite la euroorden y niega que en España no se respeten los derechos fundamentales de los líderes independentistas. La respuesta del Tribunal de la UE podría condicionar la posición belga, pero a Puigdemont le quedan todavía meses para seguir maniobrando en contra de su extradición.
En cuanto a la revocación del tercer grado, los golpistas presos daban por descontado que volverían más temprano que tarde a la cárcel. Confiaban, eso sí, en que el juzgado de vigilancia penitenciaria los mantuviera en libertad hasta la decisión del Supremo. No ha sido el caso, pero eso no ha alterado la retórica separatista sobre la "injusticia española". Se trataba de participar en la campaña y eso se consiguió gracias a los servicios penitenciarios de la Generalidad y la pasividad del Gobierno.
Amenazas de ERC a Moncloa
Ambos asuntos, inmunidad y tercer grado, han impactado en la política nacional en forma de nueva brecha en el Gobierno por el voto contrario de Podemos a que se levantara la inmunidad de los fugados y por las amenazas de ERC sobre su apoyo al Ejecutivo. El Ejecutivo está acostumbrado a la "independencia" de Podemos y tratar de apaciguar a ERC con la reactivación de la mesa de diálogo. Falta que se constituya el nuevo gobierno catalán.
Tras los acontecimientos políticos y judiciales de este martes, las bases separatistas reclaman "unidad" a los partidos. Ese fue el grito a las puertas de la cárcel de Lledoners en el homenaje a los presos antes de regresar a las celdas. Sin embargo, el concepto de la unidad no cotiza en las negociaciones entre los partidos separatistas. Ayer tuvo lugar la primera reunión conjunta de ERC, Junts per Catalunya (JxCat) y la CUP y se saldó sin acuerdo. Faltan tres días para la constitución del parlamento autonómico y aún no hay un acuerdo pleno sobre el reparto de los cargos en la mesa de la cámara. La CUP tiene su candidato, el diputado por Lérida Pau Juvillà, para presidir el Parlament, pero JxCat considera que esa plaza le corresponde y no está dispuesta a cederla. Y si el reparto de la cámara no está en absoluto claro, menos aún la composición del nuevo Govern.
JxCat apura al máximo los plazos para forzar las cesiones de ERC y mantiene sobre la mesa la exigencia de pactar un calendario de choque con el Estado, cuestión reforzada tanto por el levantamiento de la inmunidad en Europa de Puigdemont como por la retirada del tercer grado. Y casi todo depende de la CUP, que se dice dispuesta a asumir responsabilidades y no se apea de la pretensión de presidir la cámara a pesar de tener tan sólo nueve diputados. El único consenso es el cordón sanitario contra Vox (11 diputados), bloqueo en el que el PSC participa junto a los partidos separatistas y los comunes. Todo lo demás está en el aire.