La Asamblea de Madrid ha quedado ya disuelta tras analizar la Mesa de la Diputación Permanente el decreto de convocatoria de elecciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.
No obstante, estas mismas fuentes han asegurado que la Mesa recurrirá esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y que presentarán medidas cautelarísimas contra la disolución. Alegan que la publicación del decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM) conlleva la disolución y lo que hará la Mesa es "presentar un recurso sobre esa publicación ya que se realiza una vez conocida la tramitación de una moción de censura".
Se trata de un argumento falaz: el Estatuto de la Comunidad de Madrid señala en su artículo 21.2 que el presidente no podrá disolver la asamblea "durante el primer período de sesiones de la legislatura, cuando reste menos de un año para la terminación de la legislatura, cuando se encuentre en tramitación una moción de censura o cuando esté convocado un proceso electoral estatal". No es ese el caso de lo ocurrido ayer, cuando Más Madrid y PSOE trataron de desactivar el adelanto presentando sendas mociones de censura después de Ayuso acordara la convocatoria electoral.
Fuentes jurídicas consultadas por LD señalan que no hay dudas sobre la viabilidad de la cita electoral y señalan que es un intento de "convertir una decisión política en un pleito judicial", ya que en el momento del acuerdo "no se habían presentado las mociones y mucho menos, se estaban tramitando". El Estatuto de la Comunidad de Madrid deja claro que lo jurídicamente determinante es cuando se adopta y firma el acuerdo, no cuando se publica en el BOCM".
Al final, el tribunal tiene que dirimir si la convocatoria de Ayuso ha sido viable jurídicamente y así ha sido. Por lo tanto, el debate jurídico abierto es en realidad para hacer ruido mediático", aseguran. "Igual que no se acepta disolver un Parlamento tras la presentación de una moción de censura, no se puede presentar una moción de censura si ya se ha acordado previamente disolver el Parlamento. Si no, se estaría incurriendo en un fraude de Ley y se boicotearían todos estos actos políticos", concluyen.