La exconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalidad de Cataluña hasta su destitución el 28 de octubre de 2017 en aplicación del art. 155 de la Constitución, Meritxell Serret, ha quedado en libertad tras comparecer hoy voluntariamente en el Tribunal Supremo, acompañada de su abogado, Iñigo Iruín Sanz.
El magistrado, Pablo Llarena, instructor de la causa del 1-O, ha acordado su libertad provisional, quedando sin efecto la orden de busca y captura sobre ella y la situación de rebeldía de la misma tras haberse puesto hoy voluntariamente a disposición del Supremo.
En una providencia, Llarena ha acordado citarla de nuevo para el próximo 8 de abril para la práctica de la declaración indagatoria, con citación del Ministerio Fiscal y demás partes personadas. En el auto de libertad se acuerdan las obligaciones para Serret de designar domicilio y teléfono donde pueda ser localizada, y de comparecencia ante este órgano judicial cuantas veces fuere llamada.
Serret fue procesada en el Tribunal Supremo por su implicación en el golpe del 1-O por delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia y se encontraba huida en Bélgica desde octubre de 2017 junto al expresidente catalán Carles Puigdemont y los también exconsejeros Lluís Puig o Antoni Comín. La exconsejera ha comparecido con la finalidad de ponerse a disposición del Tribunal y regularizar su situación procesal de rebeldía.
Hasta ahora no se ha atribuido que su departamento realizara pagos concretos por la organización del referéndum ilegal del 1-O, y puesto que los procesados que fueron juzgados en esa misma situación fueron condenados por un delito de desobediencia y absueltos del delito de malversación, no se había cursado contra Serret ninguna Orden Europea de Detención después de la sentencia del 14 de octubre de 2019.
No obstante, existía una orden nacional de detención para recibírsele declaración y continuar el procedimiento contra ella. La pena prevista para el delito de desobediencia es de multa e inhabilitación para empleo o cargo público de hasta dos años.
Consecuentemente, tras su entrega, la decisión del magistrado Instructor, Pablo Llarena, ha sido la de citarla para ser interrogada en fechas cercanas y con la participación del resto de las partes personadas. Hecha la citación, quedará en libertad.
Llarena mueve ficha en el TJUE
Precisamente, este martes el juez Llarena planteaba una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE acerca de la euroorden de detención y entrega, para decidir si mantiene, retira o emite una nueva contra Puigdemont y el resto de golpistas del 1-O fugados.
Tras conocer que el Parlamento Europeo había retirado la inmunidad al expresidente catalán fugado, el instructor de la causa del 1-O dictaba un auto en el que pedía "al TJUE que se pronuncie sobre el alcance de las posibilidades de emisión de una euroorden, así como por las razones para su denegación".
Llarena acudía a la Justicia europea una vez que las autoridades judiciales belgas denegaron la entrega del exconsejero, Lluís Puig, porque entienden que el órgano competente para instruir la causa no es el Supremo sino un tribunal catalán y porque su entrega pondría en peligro derechos fundamentales como la presunción de inocencia. Un escenario que podría repetirse con Puigdemont en Bélgica, y por ello presentaba la citada cuestión prejudicial.
En un comunicado remitido por su partido, la exconsejera catalana ha dicho estar convencida de que "asumiendo estos riesgos, estamos abriendo camino a todos los compañeros y compañeras que se encuentran en la misma situación". Dejando claro que se trata de una decisión de carácter individual, desde ERC consideran que tendrá implicaciones políticas colectivas y "contribuirá a aclarar, facilitar y revertir el proceso judicial" contra el resto de golpistas. Serret tiene intención de tomar posesión este viernes del acta de diputada, que obtuvo el pasado 14 de febrero, "y seguir haciendo política desde el Parlamento", confirman en el partido.