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PSOE y PP pactaron 3 condiciones en verano para renovar el CGPJ que se incumplieron con De Prada y Rosell

Fuentes conocedoras de la negociación, consultadas por Libertad Digital, afirman que las 3 condiciones para renovar el CGPJ "se pactaron en verano".

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Fuentes conocedoras de la negociación, consultadas por Libertad Digital, afirman que las 3 condiciones para renovar el CGPJ "se pactaron en verano".
Los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. | LD

El PSOE y el PP pactaron 3 condiciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial CGPJ: "No presentar como vocales a jueces por el turno de juristas, cargos políticos y perfiles mediáticos". Fuentes conocedoras de la negociación, consultadas por Libertad Digital, afirman que dichas condiciones para renovar el Gobierno de los jueces "se pactaron en verano".

Las mismas fuentes consultadas por este diario apuntan que la negociación "saltó por los aires" cuando PSOE y Podemos propusieron hace dos semanas presentar como vocales a los jueces José Ricardo de Prada y a Victoria Rosell.

Respecto al primer requisito pactado por socialistas y populares de "no presentar a jueces por el turno de juristas", cabe destacar que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial LOPJ de 1985 hacen una clara distinción entre jueces y juristas (abogados, fiscales, procuradores, etc...), cuando se refiere a la composición y elección de los vocales del Poder Judicial.

El segundo requisito que acordaron de no proponer a vocales para el CGPJ con responsabilidades políticas pretendía avanzar en la "despolitización de la Justicia" al igual que la tercera condición, "evitar perfiles mediáticos". Por ello, se quería evitar la presentación como miembros del CGPJ a jueces que aparecen habitualmente en tertulias y programas en los medios de comunicación que estuvieran "identificados" por su ideología con algunos partidos políticos concretos.

En este contexto, cabe destacar que Rosell incumplía dos de los requisitos, ya que es una magistrada y no puede ir por el turno de juristas y además, ocupa actualmente un cargo político al ser la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Tras anunciarse que la negociación entre el PSOE y el PP se volvía a frustrar, los socialistas aceptaron retirar a última hora su propuesta de Rosell.

Respecto a De Prada, se trata de un juez en activo y tampoco puede ser propuesto por el turno de juristas como pretenden el PSOE y Podemos. En este caso, ambos partidos se han mantenido firmes con la candidatura de De Prada como vocal lo que ha provocado una nueva ruptura en las negociaciones.

Mientras, el Congreso de los Diputados aprobaba este jueves la propuesta de PSOE y Podemos para limitar las competencias del CGPJ cuando esté en funciones y que no pueda realizar nombramientos. Dicha proposición salía adelante por 196 votos a favor, 150 en contra y una abstención. Ahora, sólo queda el visto bueno del Senado para completar su tramitación.

La negociación frustrada en verano

Las mismas fuentes afirman que la negociación entre el PSOE y el PP en verano iba "muy encaminada" tras pactar los citados 3 requisitos hasta que sucedieron 3 acontecimientos determinantes.

El primero de ellos, cuando el rey emérito Juan Carlos I anunciaba el 3 de agosto que abandonaba España. Este hecho utilizado por Podemos para atacar a la monarquía "descolocó" al PP y obligó a parar temporalmente la negociación del CGPJ.

El siguiente acontecimiento decisivo para frustrar el acuerdo tenía lugar el 17 de agosto cuando Cayetana Álvarez de Toledo, tras ser destituida como portavoz del PP en el Congreso, criticó ante los medios de comunicación las negociaciones muy avanzadas de su partido con el PSOE para renovar el Gobierno de los jueces afirmando que "la justicia es el último dique de contención que tiene la democracia en este pacto de Sánchez con Podemos".

Finalmente, el golpe de gracia a la ya moribunda negociación del CGPJ estival se producía cuando se filtraba a los medios de comunicación un whatsapp de Pablo Casado a Pedro Sánchez en el que el líder del PP mostraba al presidente del Gobierno su disposición a renovar el Poder Judicial.

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