La Fiscalía Provincial de Barcelona ha ordenado abrir una investigación a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la concejal Laura Pérez y varios miembros de su antiguo gobierno como Gala Pin y Laia Ortiz por subvencionar con hasta 3,4 millones euros a entidades afines. La Fiscalía da trámite así la denuncia presentada por el grupo de letrados denominado Abogados Catalanes por la Constitución.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital destacan que la apertura de diligencias "es algo habitual y casi automático" cuando se presenta una denuncia, salvo que se expongan unos hechos inverosímiles o tenga defectos de forma.
La denuncia se basa en las supuestas concesiones irregulares de hasta 3,4 millones de euros a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energètica, Ingeniería Sin Fronteras o el Observatorio Desc (Derechos económicos, sociales y culturales), una plataforma de la izquierda catalana en la que trabajaron los exconcejales en Barcelona Jaume Asens, portavoz de Podemos en el Congreso, Gerardo Pisarello, secretario primero del Congreso de los Diputados, así como la propia Colau antes de ser elegida alcaldesa de Barcelona. En el patronato del Observatori figura también Gonzalo Boye, condenado por el secuestro de Emiliano Revilla y abogado de Torra, Puigdemont, Laura Borràs y el narco Sito Miñanco.
Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que el Ministerio Público deberá ahora analizar si los indicios recogidos en la denuncia revisten apariencia delictiva y en consecuencia acordar diligencias de investigación concretas o bien archivar la denuncia.
Los denunciantes atribuyen a Colau y su equipo los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y basa su acusación en las reservas que presentó que el interventor municipal que alertó de que se había abusado de las concesiones de subvenciones por la vía excepcional y no por concurso público.
Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aseguraba esta mañana en una entrevista en RAC1 al ser preguntada por este caso que "no hay causa" y que colaborará con la justicia en el caso de que se la requiera. Además, ha defendido que las subvenciones fueron concedidas respetando "la legalidad".