Las negociaciones entre los partidos separatistas para formar gobierno avanzan con lentitud. Aún queda mucho margen, según Junts per Catalunya (JxCat). Sólo ERC tiene prisa, aunque en el partido republicano admiten que el acuerdo llegará sobre la campana. Sea como fuere, en lo que sí hay acuerdo es en alterar el reglamento del Parlament para que los diputados imputados no tengan que dimitir ni aún en el caso de apertura de juicio oral.
En teoría, JxCat, ERC y la CUP se ponen de acuerdo en mantener el acta de diputados de aquellos que sean investigados por delitos relacionados con el procés, como es el caso del expresidente de la cámara, Roger Torrent (ERC), o Eusebi Campdepadrós (JxCat). Sin embargo, la medida tiene como verdadero objetivo preservar a la nueva presidenta del Parlament, la posconvergente Laura Borràs, imputada por prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en los tiempos en los que dirigía la Institución de las Letras Catalanas.
La investigación fue iniciada por los Mossos y se centró en 18 contratos menores por un importe de 259.863 euros entre los años 2013 y 2017. El beneficiario fue un amigo de Borràs, el informático Isaías Herrero, condenado en diciembre de 2019 en otro asunto a cinco años de cárcel por tráfico de drogas.
Borràs sostiene que la imputación se debe a su papel como dirigente del proceso separatista y de ahí que se vaya a beneficiar de la medida pactada por los grupos separatistas.
Otros beneficiarios serán Meritxell Serret, la exconsejera de Agricultura de ERC que huyó tras el golpe de Estado y que acaba de volver a España para presentarse en el Supremo, y Lluís Puig, exconsejero de Cultura posconvergente que permanece en Bruselas aunque también ha conseguido acta de diputado en esta legislatura autonómica.
En el caso de la CUP, el diputado Pau Juvillà, que aspiraba a presidir la cámara, está imputado por desobediencia al negarse a retirar unos lazos amarillos en campaña (un asunto similar al de Quim Torra) y Dolors Sabater, la cabeza de lista de los antisistema. En su caso, el expediente alude a la suspensión de una licencia urbanística en los tiempos en los que era alcaldesa de Badalona.
También figuran como imputados los diputados republicanos Lluís Salvadó y Josep Maria Jové. En ambos casos, se les investiga por los mismos delitos que a los condenados por el golpe de Estado. Ellos fueron los protagonistas de los registros en la consejería de Economía que derivaron en el asedio separatista a una comisión judicial el 20 de septiembre de 2017, hechos por lo que fueron encarcelados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. En suma, nueve diputados imputados en los que se mezclan expedientes de diversa índole pero con un elemento en común, su militancia separatista.
Según el reglamento de la cámara, una vez firme el acto de apertura de juicio oral, el afectado queda privado de sus derechos y deberes parlamentarios. A partir de ahora, tal suspensión dependerá del dictamen de una comisión en manos de los grupos independentistas.