El expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, ha pedido la recusación del magistrado ‘progresista’ del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en la sentencias sobre el golpe del 1-O por unas declaraciones realizadas el 23 de noviembre del 2017.
Tal y como desveló Libertad Digital, Conde-Pumpido estaba obligado a "abstenerse" en la causa tras su intervención en el "Seminario del 40 Aniversario del ingreso de España en el Consejo de Europa" celebrado en el Congreso, sólo mes y medio después del referéndum ilegal del 1 de octubre. Entre los magistrados del TC, existía "una gran preocupación ante la posible recusación de Conde-Pumpido" y que corriese la misma suerte que el magistrado ‘conservador, Antonio Narváez, que decidió apartarse de la causa tras la petición de recusación de los condenados por afirmar que 1-O fue un "golpe de Estado encubierto".
Conde-Pumpido afirmó en su intervención en el Congreso de noviembre de 2017 que en Cataluña "los que agitan esta bandera pretendidamente democrática para subvertir la Constitución situándose deliberadamente al margen del Derecho no se integran en grupos marginales como cabría pensar, sino que están cómodamente instalados al frente de las instituciones". "Y disponen por ello de la preeminencia de los medios y de los instrumentos que les proporciona el propio marco constitucional para garantizar el autogobierno de su Comunidad incluida la disposición de cantidades relevantes de dinero público", añadía.
Ahora, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, pide la recusación de Conde-Pumpido al considerar que en sus declaraciones en el Congreso fue "incluso más explícito" que el magistrado Antonio Narváez.
Según el escrito de recusación, "los tipos penales de rebelión y sedición son los únicos de todo el Código Penal que requieren de un alzamiento" y "la exégesis llevada a cabo por Conde-Pumpido de esa sentencia, presentándola como soporte para una imputación por los tipos penales de rebelión y de sedición, pone de manifiesto su parcialidad. Y, en particular, que ya en aquel momento tenía formada una posición sobre la responsabilidad penal de los recurrentes en amparo".
La defensa de Puigdemont señala que una de las muestras de la"absoluta falta de imparcialidad" de Conde-Pumpido es que "se burlara, con sorna" de la alegación de los implicados en el 1-Ode que obedecían un mandato democrático y que actuaron "en el ejercicio de sus derechos fundamentales, incluido el derecho de representación política".
La petición de recusación del magistrado conservador Antonio Narváez fue secundada por todos los golpistas del 1-O condenados. De momento, el ex fiscal general del Estado, Conde-Pumpido, sólo ha sido recusado por Puigdemont.
No afectará a la sentencia sobre Mundó
Fuentes del Tribunal Constitucional aseguran a LD que la hipotética recusación del magistrado Cándido Conde-Pumpido "no afectaría a la sentencia del TC de ayer que desestimaba el recurso de amparo presentado por el exconsejero catalán, Carles Mundó, condenado por un delito de desobediencia por el Tribunal Supremo. Mundó no fue acusado de sedición y fue absuelto de malversación. Precisamente, estos dos delitos son a los que hace referencia Conde-Pumpido en sus declaraciones en el Congreso en noviembre de 2017".
Las mismas fuentes consultadas afirman que los compañeros de Conde-Pumpido "esperan un gesto de integridad profesional y moral del magistrado, tal y como hizo Antonio Narváez apartándose de la causa para preservar la imagen de la institución sin necesidad de llevar a cabo una deliberación sobre el asunto".
Si la recusación de Conde-Pumpido solicitada por Puigdemont no fructifica en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo TEDH podría dar la razón al expresidente catalán fugado "manchando" así toda la causa sobre el 1-O.
Las declaraciones de Conde-Pumpido
Extracto de la intervención del magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, sobre Cataluña durante el "Seminario del 40 Aniversario del ingreso de España en el Consejo de Europa" celebrado en el Congreso de los Diputados el 23 de noviembre de 2017.
El fenómeno adquiere un carácter singular si los que agitan esta bandera pretendidamente democrática para subvertir la Constitución situándose deliberadamente al margen del Derecho no se integran en grupos marginales como cabría pensar, sino que están cómodamente instalados al frente de las instituciones. O en casos que nosotros hemos tenido que analizar en el Tribunal Constitucional concretamente de instituciones autonómicas.
Y disponen por ello de la preeminencia de los medios y de los instrumentos que les proporciona el propio marco constitucional para garantizar el autogobierno de su Comunidad incluida la disposición de cantidades relevantes de dinero público o incluso la disposición de armas proporcionadas a sus Fuerzas de Seguridad para garantizar el cumplimiento de la legalidad.
Unos instrumentos que pueden en determinados casos vulnerando la lealtad constitucional desviarse de su finalidad esencial, que es precisamente cumplir las funciones establecidas Estado de Derecho, para invertir su destino y ser utilizados contra el Estado que constituye precisamente el fundamento de su autogobierno. Todo esto con la cobertura de estar supuestamente cumpliendo un mandato democrático, es decir que se invoca la Democracia precisamente como un forma de atacar el Estado de Derecho, cuando en realidad no puede existir Democracia, sin existir el Estado de Derecho. Y se alega un mandato emanado de unas elecciones que en realidad son elecciones para elegir unas autoridades autonómicas, pero que ilegalmente se reconvierten en un plebiscito independentista