El escándalo de las ayudas concedidas a la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas a través del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas ha provocado la inmediata reacción del Partido Popular y Vox que piden explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez. Además, este miércoles, El Mundo daba a conocer que el Ministerio de José Luis Ábalos dio un aval decisivo al rescate de esa empresa aunque él negó su intervención.
Desde el Grupo Parlamentario Popular han registrado en el Congreso la solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre esas ayudas de 53 millones concedidas por el Ejecutivo a esa compañía.
En el escrito de petición, firmado por la portavoz del GPP, Cuca Gamarra, se señala que la ministra de Hacienda "faltó a la verdad" en sede parlamentaria cuando se le preguntó por dicho asunto, dado que con la información pública disponible hasta el momento "se puede afirmar que Plus Ultra es una compañía que no cumple varios de los requisitos exigibles".
Así, el GPP precisa que es una empresa española pero con un peso importante de capital venezolano y panameño que diluyó la propiedad española, "que ni era viable antes de la pandemia ni es una compañía estratégica en los términos exigidos en el Real Decreto en el que pretende ampararse esta ayuda". Además, el escrito explica que el hecho de que el sector del turismo sea estratégico no significa que cualquier empresa de este sector se pueda considerar estratégica, porque Plus Ultra tenía, antes de la Covid, una cuota del 0,03 por ciento, 255 trabajadores (no 350 como afirmó la ministra) y 4 aviones, de los que hoy le queda sólo uno.
Querella de Vox
Por su parte, Vox ha presentado una querella contra el Gobierno y la SEPI por el rescate de la areolínea, al considerar que habrían cometido varios delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude fiscal y entramado societario fraudulento.
La vicesecretaría jurídica del partido, Marta Castro, ha presentado la denuncia ante el Tribunal Supremo por la condición de aforados de los miembros del Consejo de Ministros contra los que se dirige, además del Consejo Gestor del Fondo para las ayudas económicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales por rescatar a la compañía con 53 millones de euros.
En la querella se acusa a Plus Ultra de no reunir los requisitos establecidos por la Ley para ser beneficiaria del rescate al no ser una empresa estratégica con relevancia en su sector, ni haber registrado pérdidas ocasionadas por el COVID, ya que las acarrea prácticamente desde su creación.
El partido acompaña la denuncia con documentación que acredita la vinculación de la empresa con entidades de capital extranjero, como SNIP AVIATION, S.L., FLYSPAIN, S.L., o SKY SOLUTION, S.L. entre otras, que podrían indicar la existencia de un entramado societario en la que estaría integrada, y cuya matriz sería una entidad con domicilio social en Panamá y de capital venezolano.