Podemos ha intentado engañar al juez del caso Neurona, ocultando los estatutos vigentes en el año 2019 para "encubrir los sobresueldos irregulares". La exsenadora de la formación morada, Celia Cánovas, ha presentado un recurso ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, solicitando la reapertura de esta línea de investigación que afecta al partido de Pablo Iglesias.
En el escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Cánovas denuncia que "la dirección de Podemos, de la que forma parte la gerente Rocío Val, ha querido inducir a error al instructor ocultando que el Consejo de Coordinación carecía de potestad para modificar los importes salariales de los empleados y para autorizar o convalidar los complementos implementados arbitrariamente por la gerente Rocío Val y encubrir desde la dirección del partido sus propios actos ilícitos". Canovas sostiene que Podemos creó hasta 11 tipos distintos de sobresueldos "irregulares" para sus dirigentes.
La exsenadora destaca que el documento que ha omitido el partido es la escritura de 12 de febrero de 2018 de elevación a públicos de los nuevos estatutos. Dicha escritura recoge el acuerdo del Consejo de Coordinación para la adaptación de los estatutos de 2017 a la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio de partidos políticos.
"Podemos ha aportado unos estatutos que no estaban vigentes en el año 2019 con la intención de ocultar las competencias reales del Consejo de Coordinación en la fecha en que ocurrieron los hechos, lo cual demuestra que la Gerencia carecía de competencias para establecer complementos salariales y que el Consejo de Coordinación carecía de competencias para validar posteriormente la modificación de los salarios acordada por la Gerencia, en contra de lo que pretenden hacernos creer ahora y que el Juzgado ha aceptado erróneamente en el auto recurrido", añade.
"Según los Estatutos vigentes en 2019, el Consejo de Coordinación debía ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo Ciudadano y la Asamblea Ciudadana. Y este es el elemento fundamental para entender las competencias en materia salarial del partido y el indicio de la actuación ilícita de la Gerencia, del Tesorero y del Consejo de Coordinación: el Consejo de Coordinación no puede adoptar ninguna decisión sobre los presupuestos, que deben ser aprobados por el Consejo Ciudadano, y mucho menos la Gerencia".
El escrito insiste en que "ni la Gerencia, ni el Consejo de Coordinación tenían competencias estatutarias para acordar la modificación los importes y conceptos salariales aprobados en 2017 y que permanecían vigentes en 2019. Las subidas salariales forman parte de las partidas presupuestarias que debe aprobar el Consejo Ciudadano Estatal. Por lo tanto, no es cierto que la Gerencia tuviera competencias para aprobar subidas salariales al margen del presupuesto".
"No es cierto que el Consejo de Coordinación, ni la Gerencia tuvieran en 2019 potestad para validar posteriormente por vía de aprobación de ejecución presupuestaria una subida salarial acordada arbitrariamente por la Gerencia y que no estaba contemplada en un presupuesto anual aprobado por el Consejo Ciudadano", concluye.
Ione Belarra "encubrió" los sobresueldos
Tal y como publicó LD, Ione Belarra firmó dos certificados para intentar justificar los sobresueldos "irregulares" de Podemos. Belarra como secretaria de Coordinación Ejecutiva de Podemos expidió el 25 de agosto de 2020 dos certificados para acreditar los acuerdos que adoptó el Consejo de Coordinación en las reuniones celebradas el 17 y el 24 de abril de 2017.
Por estos hechos, la exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, ha solicitado al juez del caso Neurona la imputación de Ione Belarra, actualmente secretaria de Estado para la Agenda 2030 y secretaria de Coordinación Ejecutiva del partido. Además, Belarra ha sido propuesta por Pablo Iglesias para sustituirle en su cargo y ser la futura ministra de Derechos Sociales.