El sindicato Manos Limpias ha denunciado por delitos de prevaricación y amenazas a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos.
El Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo nº 8 de la Audiencia Nacional anuló el pasado miércoles el cese de Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid (Tres Cantos-Madrid) y condenó al Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska a su reingreso en el puesto. Decisión que será recurrida por Interior.
En un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Manos Limpias recuerda que el pasado 29 de mayo ya presentó una denuncia inicial contra la directora general de la Guardia Civil por un presunto delito de obstrucción a la justicia, que fue sobreseído provisionalmente en junio.
Ahora, tras la sentencia de la Audiencia Nacional que "aporta, consigna, reseña, hechos penales, que inciden directamente" en los hechos, Manos Limpias amplía la denuncia de obstrucción a la justicia "contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, por ser el autor que firmó el cese del coronel Pérez de los Cobos". Asimismo, y en base a la referida sentencia, amplía los presuntos delitos de prevaricación y de amenazas.
Según el escrito, "los denunciados, la directora general propone, y el secretario de Estado ejecuta. Ambos son coautores, de los delitos de prevaricación y de amenazas y de obstrucción a la justicia".
La sentencia que 'obliga' a dimitir a Marlaska
El magistrado de la Audiencia Nacional, Celestino Salgado, estimaba el pasado miércoles el recurso presentado por el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, contra la resolución del ministro del Interior del pasado 28 de julio que ratificó el cese del mando de la Guardia Civil.
Pérez de los Cobos fue destituido por no informar a sus superiores de la investigación reservada que realizaba la Guardia Civil en el marco de la causa sobre el 8-M que instruía la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. En dicha causa, llegó a estar imputado el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, por un delito de prevaricación, que finalmente se archivó, por permitir las marchas sobre el 8-M en plena pandemia de la covid-19.
La sentencia de 72 páginas destacaba que el cese "estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban", que "la motivación de la propuesta de cese no es real; o al menos no se ajusta a la realidad", y que "la pérdida de confianza se motiva por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil".
Además, recogía el testimonio como testigo del entonces DAO de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, que salpicaba a la directora general del Cuerpo, María Gámez: "En una conversación de 13 minutos le dice que se va a cesar al coronel; el testigo le pidió parar el cese para llevar a cabo investigaciones sobre las circunstancias y que el interesado pudiera aducir en su defensa, lo que rechazó aquella porque la decisión estaba tomada por Moncloa y se le iba a cesar".