Juristas consultados por Libertad Digital aseguran que la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo nº 8 de la Audiencia Nacional que anuló el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos "exige una investigación penal al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por al menos 2 delitos de prevaricación".
Las fuentes consultadas por este diario afirman que la sentencia del magistrado Celestino Salgado que ordena la readmisión de Pérez de los Cobos es "impecable, está muy bien fundamentada y deja claro que el coronel fue cesado por negarse a cumplir un delito".
"Según la jurisprudencia, los cargos de libre designación conllevan libre cese, por lo que no era necesario justificarlo, sin embargo, en este caso se especificó que su destitución tenía lugar 'por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de la Policía Judicial con fines de conocimiento'. Es decir, el propio Ministerio de Interior se auto-inculpó a nivel judicial, por intentar buscar una justificación política a su actuación", aseguran.
"La contundente sentencia de la Audiencia Nacional obliga a que se abra una investigación penal a Grande-Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Se debe aclarar quién dio la orden de cesar al coronel en la cadena de mando para esclarecer las posibles responsabilidades penales de cada uno", añaden.
"En este caso, se podrían investigar hasta dos delitos diferentes de prevaricación. El primero se habría producido cuando se fuerza a Pérez de los Cobos a informar de una investigación cuya juez ha pedido reserva. Se estaría obligando al coronel a cometer un presunto delito de revelación de secretos y por tanto, el que se lo ordena está prevaricando. El segundo delito de prevaricación se habría cometido con el cese en sí de Pérez de los Cobos por negarse a cumplir una orden ilegal", destacan.
Las mismas fuentes no descartan que durante la investigación penal se pudiese acreditar otro posible delito de coacciones. "Todo depende de la forma y del tono con el que se ordenó a Pérez de los Cobos informar sobre la investigación secreta de la causa del 8-M que instruía la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel", apuntan.
Los juristas consultados por este diario recuerdan que la Administración, en este caso el Ministerio del Interior, "goza de una potestad con un fin concreto. En este cese, se ha acreditado una clara desviación de poder, si se quiere sancionar a un cargo se debe utilizar el correspondiente procedimiento sancionador y no destituirlo como se hizo".
"Son hechos gravísimos. No se recuerda un caso que haya salpicado a un ministro del Interior o a un secretario de Estado de Seguridad desde el GAL. Además, la directora general de la Guardia Civil reconoció que Moncloa había ordenado el cese de Pérez de los Cobos. Este extremo, va a ser muy difícil de corroborar judicialmente, ya que posiblemente María Gámez lo negará. Además, habría que identificar a qué persona concreta se refería con el término ‘Moncloa’".
Recordamos que Vox ya presentó la semana pasada una querella criminal ante la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo contra Grande-Marlaska por obstrucción a la Justicia, represalias y prevaricación, recogido en los artículos 464 y 404 del Código Penal.
La sentencia firme de lo Contencioso, en 2 años
A la espera de que se abra la vía penal sobre el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, la vía contenciosa sigue su curso tras la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo nº 8 de la Audiencia Nacional. El Ministerio de Interior ya anunció que recurrirá la sentencia en apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la propia Audiencia Nacional y no se descarta que posteriormente, la sentencia se pueda recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.
Los juristas consultadas por LD afirman que los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional son "jurídicamente impecables y que la prueba es muy contundente". "En un hipotético recurso de casación ante el Supremo, los hechos no se pueden tocar y dejan clara una doctrina y es que se ha producido un claro desvío de poder", sostienen.
Sobre los tiempos del proceso, las mismas fuentes apuntan que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional "podría resolver el recurso en unos 9 meses". Después, si existe recurso ante el Supremo, el Alto Tribunal podría tardar un año en decidir si lo admite a trámite o no. No se descarta que los hechos probados sean tan contundentes que el Supremo inadmita directamente el recurso de Interior y por tanto, la sentencia ya sería firme.
No obstante, si el Supremo decide admitir a trámite el hipotético recurso podría tardar en tener una resolución otros 4 meses. Es decir, en total podría tardar dos años en existir una sentencia firme que obligue al Ministerio del Interior a anular la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos.