El Parlamento europeo, a través de la Comisión LIBE (de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior) ha aprobado un paquete de ayudas por valor de 1.400 millones de euros en plena pandemia del coronavirus para financiar asociaciones dedicadas a promover, entre otras cosas, la memoria histórica de la UE o el "empoderamiento de las mujeres".
El acuerdo ha salido adelante con el apoyo del grupo de los socialdemócratas, en el que se integra el PSOE; del Partido Popular Europeo, en el que está el PP; Renew, en el que se integra Cs; la Izquierda, en el que está Podemos y Los Verdes. El grupo Democracia e Identidad y el ECR, en que se integra Vox, han votado en contra.
El dinero se repartirá entre todos los países miembros durante le período comprendido entre enero de 2021 y diciembre de 2027, es decir, supone una media anual de algo más de 233 millones de euros para organizaciones que, por ejemplo, prevengan "la discriminación por sexos" y promuevan "el empoderamiento de las mujeres y la integración de la perspectiva de género".
La memoria histórica
En el capítulo dedicado a la memoria histórica de la UE, se habla de "apoyar proyectos dirigidos a recordar momentos decisivos de la historia moderna europea, como la llegada al poder de regímenes autoritarios y totalitarios", además de proyectos "dirigidos a concienciar a los ciudadanos europeos sobre su historia, cultura, patrimonio cultural y valores comunes".
Entre las exigencias para percibir los fondos, se establece que los beneficiarios "hagan mención al origen de esta financiación y velen por darle visibilidad" y se reclama que "siempre que sea posible, todos los datos individuales se desglosen por sexo". Las evaluaciones sobre los programas objeto de las ayudas "incluirán una perspectiva de igualdad de género y evaluarán los efectos sobre la igualdad de género".
La idea que impregna todo el programa va en la línea de las exigencias aprobadas por Bruselas para la concesión de los fondos europeos dirigidos a paliar los efectos del coronavirus y que establecen, entre otras cosas, la exigencia de luchar contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad o de la igualdad de género, para percibir las ayudas.