Nueva ofensiva lingüística del separatismo en el Ayuntamiento de Barcelona. El grupo municipal de Junts per Catalunya (JxCat), el partido de Carles Puigdemont, ha logrado que la alcaldesa Ada Colau se comprometa a presentar en tres meses un plan para "impulsar y prestigiar el uso cotidiano del catalán en Barcelona". Es decir, poner más trabas al bilingüismo y tratar de reducir aún más el uso del español en todos los ámbitos de la actividad municipal.
El jefe del grupo neoconvergente, el exsocialista Ferran Mascarell, propone entre otras medidas evitar la promoción de autores en español en la festividad literaria de "Sant Jordi", "rechazar que ninguna lengua, por poderosa que se crea, pueda ser más importante que el catalán y dar importancia a la lengua en los actos institucionales".
La justificación para el endurecimiento de las medidas lingüísticas es que "el uso cotidiano del catalán se está reduciendo de manera notable en la ciudad", declaró este viernes Mascarell en el pleno municipal para acto seguido añadir que "recuperar y normalizar el uso del catalán implica cambiar de instrumentos y de actitud por parte de todos, pero sobre todo obliga al Ayuntamiento a hacer su trabajo de manera ejemplar".
"Promover el catalán exige que ningún responsable político pueda insinuar que hablar del estado de la lengua es fiscalizado o asfixiante", considera Mascarell, quien da por supuesto que Colau aceptará sus "sugerencias". De hecho, el seguidismo de Colau respecto a la política lingüística de JxCat y ERC es una constante de la alcaldesa en la que también participa el PSC. Así y en diciembre del año pasado, el pleno aprobó una moción de JxCat por la que el Ayuntamiento se compromete a no atender la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que dicta que el idioma español tiene que tener una presencia mínima del 25% en el sistema educativo catalán.
El Ayuntamiento que preside Ada Colau y gobierna una coalición formada por podemitas y socialistas, se oponía al fallo y a "cualquier medida que imponga impedimentos normativos, administrativos, técnicos o sociales a los ciudadanos de las comunidades autónomas donde el catalán es oficial", según reza el texto de la moción.