Pasadas las 9 de la mañana de este lunes, Cataluña ha empezado a vacunar a los policías y guardias civiles destinados en esta comunidad, cumpliendo así con el mandato dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Tras las denuncias de Jupol (Justicia Policial) y Jucil (Justicia para la Guardia Civil), el TSJC emitió este martes un auto en el que instaba a la consejería de Salud a proceder a la vacunación de los agentes y le daba un plazo de diez días -que expira el próximo 6 de mayo- para que la inmunización en ambos cuerpos alcanzase el mismo porcentaje que entre los Mossos d´Esquadra, donde ya supera el 80%.
Así, durante los próximos tres días, Cataluña deberá vacunar a más de 4.300 policías y guardias civiles. "Hoy se hace justicia", ha sentenciado la secretaria regional de Jucil, Milagros Cívico, a su llegada al complejo de la Zona Franca de Barcelona donde se ha iniciado la vacunación.
"Es una noticia que nos ha alegrado enormemente, pero al mismo tiempo nos entristece tener que acudir a la vía judicial", lamenta Pablo Pérez, portavoz de Jupol. En declaraciones a Libertad Digital, Pérez asegura que "esto demuestra una vez más el abandono" al que el Gobierno de Cataluña somete a los agentes que no pertenecen al cuerpo autonómico y espera no tener que "acudir también a la vía judicial para reclamar la segunda dosis".
Recibirán la vacuna de Moderna
Los policías y guardias civiles que se vacunen a partir de este lunes lo harán finalmente con el antídoto de Moderna. Dadas sus estrictas condiciones de conservación, en Cataluña, este fármaco se ha administrado en los propios hospitales a profesionales sanitarios y pacientes con enfermedades crónicas, por lo que no debería interferir en la vacunación de la población de mayor edad. En todo caso, el portavoz de Jupol recuerda que "si desde un primer momento se nos hubiese inoculado la vacuna, como ocurrió con los Mossos, la Guardia Urbana o los policías municipales, la vacuna que se nos hubiese puesto sería la de AstraZeneca".
La semana pasada, el secretario de Salud Pública, José María Argimon, utilizó el mandato judicial para poner en el punto de mira a los propios agentes: "Cumpliremos, pero para ello retrasaremos vacunación de gente de 70 años, ahí lo dejo". Unas declaraciones que causaron un profundo malestar entre policías y guardias civiles.
Aprovechando el inicio de la vacunación, Pablo Pérez ha vuelto a pedir al Gobierno de Cataluña que deje de "enfrentar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la ciudadanía" y ha recordado a Argimon que "la gestión de la vacunación es responsabilidad única y exclusivamente suya, por lo que, si no ha sabido hacerlo desde un principio, la Policía Nacional y la Guardia Civil no tienen la culpa".