El golpista preso Jordi Cuixart, presidente de la entidad Òmnium, ha rechazado de plano acogerse a un indulto. El Tribunal Supremo ha comunicado este miércoles a los condenados por el golpe de Estado separatista de otoño de 2017 que tienen un plazo de cinco días para presentar sus alegaciones y explicar los motivos por los que creen ser merecedores de la medida de gracia que se ha solicitado a su favor.
Los solicitantes de los indultos son la UGT de Cataluña en el caso de Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo, dirigente de ERC y miembro del sindicato, los expresidentes del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert en el caso de Carme Forcadell, también expresidenta de la cámara autonómica, y el abogado Francesc Jufresa para todos los condenados. Las prisiones catalanas también hicieron llegar un informe al Tribunal Supremo en el que avalaban la petición de indulto por la supuesta "evolución favorable" de los encarcelados.
Todos los condenados salvo uno han decidido guardar un prudente silencio ante la comunicación del Supremo. Cuixart es el único que ha reaccionado públicamente y lo ha hecho con un furibundo mensaje en Twitter en el que dice lo siguiente: "¿Qué se han creído? No aceptaremos ninguna humillación. Ni arrepentimiento, ni indulto. Lo hemos dicho en el Supremo, en la calle y a todo el mundo: La defensa de la democracia no admite chantajes. ¡Lo volveremos a hacer! ¡Viva Cataluña libre!".
Las alegaciones de los condenados son el penúltimo trámite antes de que el Supremo elabore un informe de carácter meramente consultivo y que previsiblemente estará en la mesa del Gobierno a finales de mayo. A partir de ahí será el Consejo de Ministros quien tenga la última palabra.
Torra se niega a pagar las multas
Por otra parte, el expresidente de la Generalidad Quim Torra también ha mostrado este miércoles la cara más chulesca del separatismo al recibir de manera oficial las multas de la Junta Electoral Central (JEC) por haber descolgado la propaganda separatista del balcón de la Generalidad fuera de plazo, asunto que le costó la inhabilitación por 18 meses. En un comunicado desde su página web, Torra asegura que no piensa pagar los 8.500 euros que le reclama la JEC porque "son multas que forman parte de un proceso represivo de coerción de la libertad de expresión y de persecución del independentismo en Cataluña. Son multas que forman parte de un pleito legal que todavía está vivo porque será recurrido en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por mi defensa".
Torra también sostiene que las multas "forman parte del saqueo disfrazado de legalidad que hace años, decenios y siglos que el estado español (en minúsculas en el original) ejecuta en los Países Catalanes. No pagaré estas multas y, por tanto, será necesario que me roben estos dineros si los quieren cobrar. Estoy dispuesto a ir a la cárcel si es necesario, pero nunca ordenaré ningún pago a la Junta Electoral española. (...) Tampoco quiero que nadie pague estas multas por mí, ni la Caja de Solidaridad ni nadie. Y aprovecho para agradecer el ofrecimiento que ya se me hizo en su momento".
Torra se niega a abonar las multas a pesar de que el Tribunal Supremo tuvo la consideración de permitir que cobre la pensión de expresidente autonómico incluso estando inhabilitado. Así, Torra cobra en la actualidad 122.000 euros anuales y dispone además de despacho, coche oficial, secretarias, funcionarios y guardaespaldas a cargo del erario público.