El independentismo radical ejerce una presión constante contra los efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado desplegados en la región con el objetivo de expulsarles de Cataluña. Para muchos de estos agentes, y para sus familias, el día a día se hace insufrible, lo que ha hecho que en los últimos años muchos policías nacionales y guardias civiles estén pidiendo un cambio de destino para ir a zonas de España donde poder vivir con normalidad.
Los números son alarmantes. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha cifrado este viernes en más de 900 el número de agentes que han pedido ya este año 2021 abandonar la región. Si se tiene en cuenta que la cifra de agentes de la Policía Nacional en Cataluña está ahora mismo en unos 3.500 agentes, supone que más de uno de cada cuatro agentes (más del 25 por ciento) no quieren continuar en la región.
El sindicato alerta de que la situación es especialmente difícil en la escala de subinspección, ya que la solicitud de cambio de destino ha sido registrada ya por más del 50 por ciento de los agentes que trabajan en Cataluña. En la escala básica, las cifras también son importantes y están por encima del 30 por ciento. Una huida que no es nueva, no en vano, en 2020 ya se fueron de la región 800 agentes.
Una situación que ha empeorado en las últimas semanas, después de que la Generalidad de Cataluña decidiese sacar a los agentes estatales de la lista de personal prioritario a vacunar contra el coronavirus, una decisión que ha hecho que dejasen inoculados con dosis contra la covid durante un mes y medio, hasta que recientemente los tribunales han obligados el Ejecutivo regional a volver a vacunarles.
Para tratar de enderezar esta situación, el SUP ha exigido al Ministerio del Interior que declare de forma urgente a Cataluña como un "Territorio de Especial Singularidad", incorporando complementos económicos, incentivos profesionales (baremación y permisos) y beneficios sociales para los agentes destinados en la región, ya que consideran que ayudaría a mitigar "la situación de desamparo institucional que sufren nuestros compañeros en Cataluña a la vez que mejoraría la experiencia de la plantilla y por tanto el servicio al ciudadano".