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La Fiscalía Anticorrupción solicita 9 años de prisión para Jordi Pujol y más de 20 para su hijo Jordi

La esposa del expresidente catalán Jordi Pujol, Marta Ferrusola, no será juzgada por sufrir demencia.

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La esposa del expresidente catalán Jordi Pujol, Marta Ferrusola, no será juzgada por sufrir demencia.
La familia Pujol Ferrusola | EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 9 años de cárcel para el expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol; más de 20 años para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola; 11 años para su hijo Josep Pujol Ferrusola; y 8 años para los otros cinco hijos. Todos ellos, a excepción de la esposa del expresidente catalán Marta Ferrusola, que padece demencia, serán juzgados en la Audiencia Nacional junto a otras personas relacionadas con el clan familiar por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda pública.

Anticorrupción ha presentado su escrito de calificación provisional ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional en el que acusa a los miembros de la familia Pujol Ferrusola. "Quienes actuando conjuntamente ocultaron, al menos desde el año 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana", señala la Fiscalía.

"Jordi Pujol Soley acordó con su cónyuge, Marta Ferrusola, que los fondos procedentes de la actividad ilícita ejecutada durante los años anteriores se distribuyesen en cuentas abiertas a nombre de esta y de sus hijos, los también acusados Jordi, Josep, Marta, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer Pujol Ferrusola en la Banca Reig, que luego se fusionaría con Banc Agrícola dando lugar al Andbank. También acordaron ambos cónyuges que fuera su hijo Jordi quien gestionara los fondos y se ocupara de distribuirlos entre el resto de miembros de la familia", añade el escrito.

"El acusado Jordi Pujol Soley aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual el propio Pujol Soley y determinados empresarios afines al partido que este lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes Administraciones catalanas bajo el control de CDC. El patrimonio ilícitamente obtenido fue ocultado a la Hacienda Pública y aflorado después mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años", sostiene Anticorrupción.

"Unos, Pujol Soley y su cónyuge, dirigiendo las operaciones de ocultación y afloramiento; otros, Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés Riera y Josep Pujol Ferrusol, gestionando los beneficios de la actividad descrita; otros, finalmente, beneficiándose directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a su ocultación. Entre estas mecánicas, la creación de numerosas sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, cuentas abiertas a nombre de terceras personas y múltiples transferencias e ingresos en efectivo, permitieron a la familia Pujol Ferrusola repartir los fondos ilícitos y disponer de ellos mediante cargos en sus cuentas en Andorra, tal y como se relata detalladamente en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción", sostiene la Fiscalía

Marta Ferrusola se libra del banquillo

Por su parte, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado el archivo de las actuaciones, por motivos de salud, respecto de Marta Ferrusola Lladó, en la causa.

En un auto, Pedraz atiende así la petición formulada por la representación de Ferrusola en la que pedía el archivo de la causa y adjuntaba documentación médica de la que se extraía que padece demencia. La Fiscalía solicitó la realización de un examen médico forense y, una vez practicado, informó de que no se oponía al archivo sin perjuicio de que se diera traslado al Ministerio Público de los informes incorporados al procedimiento con objeto de instar ante la jurisdicción civil su incapacitación.

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