El acuerdo ya está firmado y sellado. El Gobierno vasco empezará a controlar desde este lunes los tres centros penitenciarios que se encuentran en el País Vasco. Una competencia que está reflejada en el Estatuto de Guernica pero que, hasta la fecha, no había sido transferida. Ningún Gobierno de la democracia había confiado en un gobierno regional históricamente controlado por el PNV para gestionar unas cárceles que incluyen a presos de ETA en su interior.
Los técnicos del Gobierno central y el vasco llevaban casi un año y medio negociando cómo se iba a llevar a cabo esta transferencia y qué implicaciones iba a tener. La fecha inicial para la firma de este traspaso competencial era en 2020, pero la pandemia de coronavirus obligó a paralizar las negociaciones y ha retrasado, hasta en dos ocasiones –la segunda fecha de firma era el pasado mes de marzo–, la firma necesaria.
Desde este momento se abre un periodo de transición en el que los gobiernos central y vasco estarán funcionando en coordinación en la gestión de los tres centros penitenciarios –hay uno en cada provincia vasca– y de los casi un millar de presos, hasta que el próximo 1 de octubre el Gobierno vasco se haga con el control efectivo de las cárceles. A partir de ese día ya será el Ejecutivo de Iñigo Urkullu el que tome todas las decisiones.
Una nueva gestión que afectará de lleno a la cuarentena de terroristas de ETA que están en estos momentos cumpliendo sus penas de reclusión en el País Vasco, según los datos de Etxerat –la estructura de Batasuna que apoya a los presos de la banda terrorista– y de ATA –la escisión que apoyo al tiro en la nueva, el secuestro y los coches-bomba–. Además de a los que estén por llegar en los habituales traslados que está realizando el Gobierno de Pedro Sánchez.
De esta cuarentena, una decena se encuentran ya en régimen abierto. Es decir, van a la cárcel únicamente a dormir de lunes a jueves. El resto del tiempo y de las noches están trabajando o buscando trabajo fuera de prisión, o haciendo vida normal en la calle, o en sus respectivos domicilios. Entre ellos, hay una excepción, la etarra Olatz Lasagabaster, ya que al no haber módulo de madres en la prisión de Martutene vive directamente en su casa, controlada con una pulsera telemática, para que solo salga de su domicilio entre las 8:00 y las 20:00 horas.
El resto de etarras presos en cárceles vascas se distribuyen de la siguiente manera: 16 están en la prisión de Zaballa (Álava), 7 en la prisión de Basauri (Vizcaya) y 7 en la prisión de Martutene (Guipúzcoa).
Otros dos etarras tienen un internamiento diferente. Kepa Arronategui, que planeó atentar contra el rey Juan Carlos I en el Museo Guggenheim de Bilbao, está ingresado en el ala psiquiátrica del centro hospitalario Aita Menni de Guipúzcoa. El último de estos etarras, Ibón Iparraguirre, está en Vitoria, en el centro Besarkada Etxea, destinado a personas con VIH avanzado que no tienen apoyo familiar.
Las víctimas de ETA, en alerta
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha advertido que "vigilará rigurosamente" la gestión que se realice desde el Gobierno vasco de la competencia de prisiones una vez el Ejecutivo de Urkullu tenga potestad sobre ella a partir del próximo mes de octubre, con el objetivo de comprobar que "se cumpla la ley con los presos de ETA que cumplen condena en cárceles vascas", en palabras de Consuelo Ordóñez, presidenta del colectivo.
"Desde COVITE vigilaremos muy de cerca que no se abran las puertas de las cárceles cuando no toque", ha sentenciado Consuelo Ordóñez, que ha adelantado que ha solicitado por carta una reunión con la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, "para acordar un protocolo de comunicación directo y que se nos informe de las decisiones que se tomen respecto a los presos de ETA con total transparencia".
El temor de las víctimas viene provocado por las continuas declaraciones de miembros del Ejecutivo de Vitoria en las que aseguran que la cárcel solo debe ser un hecho excepcional en su nuevo modelo de gestión de las prisiones. Consideran que la prisión es una "opción extrema" cuando "no exista otra alternativa" y que el objetivo de su plan es que el 40 por ciento de los presos puedan cumplir sus penas en régimen abierto, una cifra sensiblemente más alta que el 28 por ciento que se da en todo el territorio nacional.