La nueva investigación del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona sobre los gastos para la internacionalización del llamado "proceso" separatista y la del Tribunal de Cuentas han puesto contra las cuerdas a la plana mayor del separatismo. La imposición de fuertes fianzas se cierne de nuevo sobre Artur Mas, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y quienes formaron parte de sus gobiernos, desde los consejeros a los altos cargos de confianza política de la administración autonómica.
El primero en dar la voz de alarma fue el exsecretario general del Diplocat (la diplomacia paralela de la Generalidad), Albert Royo, a quien el Tribunal de Cuentas exige una fianza de 4,5 millones de euros por los gastos de la entidad entre 2013 y 2017. En el radar del Tribunal de Cuentas están, además, una treintena de ex altos cargos, así como la plana mayor del proceso separatista, los dirigentes de la extinta Convergencia y de ERC que impulsaron el proceso que acabó en el golpe de Estado de octubre de 2017.
Así pues, Mas, Junqueras, el prófugo Puigdemont, los exconsejeros de Presidencia Francesc Homs, Neus Munté y Jordi Turull, los de Economía Oriol Junqueras y Andreu Mas Colell y el de "Asuntos Exteriores" Raül Romeva son los citados de mayor rango y deberán comparecer ante el Tribunal de Cuentas el 29 de junio. Después figuran secretarios generales de la administración autonómica como Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Lluís Bertran, Albert Carreras, David Mascort, Joaquim Nin, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro y Pau Villòria, las interventoras generales Maria Vidal y Rosa Vidal, los interventores delegados Jordi Serra, Javier Acín, Virginia Astigarraga y Francesc Cubel, el citado exsecretario general del Diplocat, Albert Royo, y los que ejercieron como delegados de la Generalidad en Alemania, Reino Unido, Francia, Ginebra, Polonia, Estados Unidos, Italia, Dinamarca, Portugal, Croacia, Austria y ante la Unión Europea.
Se estima que el gasto irregular fue de unos 20 millones de euros, cantidad a la que tendrían que hacer frente de manera solidaria los citados. En previsión, Royo ya ha pedido ayuda a la Caja de Solidaridad del separatismo, el fondo de resistencia que hizo frente a las fianzas por la primera intentona separatista del 9 de noviembre de 2014 y por el golpe del 1-O de 2017.
Catorce millones
Según datos de fuentes independentistas, la Caja de Solidaridad habría abonado ya unos catorce millones de euros entre fianzas, embargos, multas y gastos judiciales. Los cálculos apuntan a que el 9-N le costó al separatismo unos 5,2 millones de euros. El 1-O fue más "barato" en términos económicos, aunque se saldó con penas de prisión el terreno penal.
Ahora el independentismo se enfrenta a una nueva cantidad millonaria y el presidente del fondo de resistencia, Pep Cruanyes, pide ayuda a los partidos. En declaraciones al diario El Punt-Avui, Cruanyes duda de que puedan hacer frente a las nuevas fianzas y asegura que "quienes deben actuar son los partidos políticos".