Los funcionarios de prisiones y los máximos responsables del Ministerio del Interior no terminan de encarrilar su relación. Empezó mal por la negativa de Fernando Grande Marlaska a sentarse a hablar con ellos sobre una posible subida salarial como la que estaban recibiendo tanto guardias civiles como policías, y se deterioró aún más con algunas de las decisiones tomadas por el Gobierno en relación a la gestión de la pandemia de coronavirus en las prisiones.
El proceso de vacunación continúa erosionando ahora esa relación. Los funcionarios de prisiones fueron incluidos por el Gobierno dentro del personal prioritario a vacunar, exactamente, dentro del grupo 3B —junto a personal de salud pública, personal sanitario fisioterapeutas y profesionales de oficinas de farmacia— y la inoculación de dosis comenzó con normalidad hace algo más de dos meses, pero la situación lleva más de un mes totalmente parada.
La razón es que empezaron a recibir las dosis de Astrazeneca hasta que el Gobierno central decidió frenar la vacunación con este producto. Casi el 75 por ciento de los funcionarios de prisiones había recibido al menos la primera dosis. Pero claro, la gran mayoría de ellos no sabe qué pasará ahora con su proceso de vacunación. Por el otro lado, cerca de 7.000 funcionarios no han recibido ni siquiera la primera dosis ni saben si la recibirán ni de qué compañía farmacéutica.
Con esta situación encima de la mesa, las dosis de vacunas contra la covid-19 han vuelto a entrar dentro de los muros de las prisiones, pero no para los funcionarios encargados de mantener el orden, sino para los presos. Este hecho ha aumentado varios grados la sensación de enfado que existe entre los funcionarios de prisiones, que consideran que es un hecho agravante a que Interior esté incumpliendo con ellos el protocolo de vacunación establecido.
El sindicato CSIF ha trasladado en las últimas horas una queja ante Instituciones Penitenciarias y está estudiando la posibilidad de emprender acciones judiciales, al tiempo que ha censurado que esta Dirección General del Ministerio del Interior "eluda responsabilidades" y señale como responsables de la situación a las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas.
"Con la suspensión ordenada por las autoridades sanitarias de la vacunación con Astrazaneca miles de trabajadores penitenciarios quedaron sin vacunar si quiera con la primera dosis; posteriores modificaciones del plan de vacunación no han solucionado el problema y estos trabajadores siguen sin vacunar y viendo cómo otros compañeros que trabajan en las mismas condiciones sí lo están", mantiene el sindicato en un comunicado.
"Los funcionarios de prisiones contemplan ahora cómo miles de vacunas están llegando a las cárceles destinadas para la población reclusa mientras los responsables de su vigilancia aún están sin inmunizar", continúan, mientras ponen como ejemplo la prisión de Castellón II, donde más del 50 por ciento de la plantilla no ha recibido ni siquiera la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.
"Además, se da la circunstancia de que con el fin del estado de alarma es previsible que Instituciones Penitenciarias proceda a la vuelta a la normalidad, abriendo de nuevo las comunicaciones con el exterior (visitas y bis a bis), en casi todas las prisiones de España, lo que sin duda va a incrementar el riesgo de contagio para los trabajadores y sus familias", concluye el sindicato.