Junts per Catalunya (JxCat) y ERC aseguran que el grueso de sus discrepancias tiene que ver con el papel del Consell per la República y Carles Puigdemont en la continuación del proceso independentista. Según ERC, JxCat quiere ejercer una tutela del futuro presidente a través del citado Consell. Según JxCat, ERC no quiere pactar la estrategia independentista y lo fía todo al éxito más que improbable de su diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Sin embargo, el reparto de las consejerías y la distribución de los altos cargos, cargos de confianza, asesores y personal eventual es la carpeta que verdaderamente dificulta el acuerdo. Si el pasado 14 de febrero JxCat hubiera quedado por delante de ERC (hipótesis que se habría cumplido de no ser por los votos "robados" del PDeCAT de Mas), un nuevo Govern hubiera echado a andar casi de inmediato. Republicanos y posconvergentes habrían mantenido sus consejerías y las cúpulas de sus estructuras clientelares sin más movimientos que los propios de sus dinámicas internas. Sin embargo, el sorpasso de ERC a JxCat ha propiciado un puzle imposible de componer para los negociadores de ambas banderías del separatismo.
ERC tiene el grueso de su primera línea de altos cargos y personal de confianza en la consejería de Acción Exterior y en la Vicepresidencia con Economía y Hacienda. En la primera dispone de 28 altos cargos que cobran entre 115.517 euros y 87.456 euros. En esa cuenta están incluidos los 14 embajadores, delegados de la Generalidad alrededor del mundo, que cesarían de sus puestos si la consejería pasara a manos de JxCat, que es lo que pretenden los negociadores posconvergentes. Además, adscritos al departamento hay once eventuales que ganan sueldos que van de los 71.000 a los 57.000 euros.
Algo parecido ocurre en Vicepresidencia, Economía y Hacienda, macro departamento que maneja Pere Aragonès y del que dependen directamente 46 altos cargos. La neoconvergente Elsa Artadi aspira a controlar la consejería de Economía y Hacienda en calidad de vicepresidenta del Govern para manejar desde ahí el destino de los fondos europeos de reconstrucción que le correspondan a Cataluña, algo que no está previsto en los planes de ERC.
Otra consejería con inflación de altos cargos es la de Presidencia, en manos de la juntera Meritxell Budó. La alegría salarial es de tal calibre que ni siquiera es ella la que más cobra en su departamento. A la consejera le corresponde un sueldo de 115.517 euros. Al menos tres altos cargos cobran más, en concreto 117.452 euros. Se trata del secretario del Govern, Víctor Cullell, del director del gabinete jurídico, Francesc Esteve, y de la secretaria general de Presidencia, Meritxell Masó. Entre altos cargos y personal eventual, Presidencia supera los sesenta adscritos con sueldos que oscilan entre los 105.000 y los 70.000 euros. 105.000 euros es lo que cobran el comisionado para el desarrollo del autogobierno (Pau Villoria), el director de estudios del autogobierno (Ferran Requejo) o los tres responsables de las oficinas de los expresidentes, entre ellos Josep Lluís Alay, jefe de gabinete del prófugo Puigdemont.
A los altos cargos de las consejerías hay que sumar la red del personal directivo de las entidades públicas, cajón de sueldos millonarios en ámbitos como el de los medios de comunicación públicos. Así, el director de TV3, Vicent Sanchis, de la cuota convergente, cobra 116.038, la misma cantidad que el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, de la cuota de ERC. En este apartado es la consejería de Salud quien más atributos presenta, con una cincuentena de altos cargos en hospitales, consorcios, delegaciones y organismos con una media salarial de 100.000 euros.
Se trata, en conjunto, de medio millar de cargos. Y sólo los que dependen directamente de las consejerías, unos 350, cuestan en salarios más de 25 millones de euros al año. El reparto de ese enorme pastel, el control de los medios públicos, de la red sanitaria, de las "embajadas", de los fondos europeos es lo que está en juego y de lo que se discute. El Consell per la República es la excusa.