El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado la citación en calidad de investigada de Gracia Ballesteros, gerente de la empresa pública Acuamed en la zona de Cataluña.
Ballesteros fue una de las denunciantes que dio origen a la investigación judicial del caso Acuamed convirtiéndose en el ariete contra el PP de esta trama corrupta. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado García Castellón la llama a declarar por su posible implicación en la presunta financiación ilegal del PSOE a través de unos pagos que se camuflaban como gastos de tablestacas (estructura de contención) en la obra de Flix (Tarragona).
En el auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado García Castellón sostiene que "las diligencias interesadas por el Ministerio Fiscal en escrito de fecha 28 de abril de 2021, resultan útiles y pertinentes para investigar los hechos que en el mismo se describen". La instrucción del caso Acuamed podría cerrarse antes del verano.
El instructor acuerda "tomar declaración en calidad de investigada por su posible participación de los hechos y delitos relacionados en el escrito del Ministerio Fiscal a Gracia Ballesteros, acordándose en resolución aparte día y hora para su celebración". Recordamos que la gerente de Acuamed en Cataluña ya fue imputada hace año y medio en una pieza separada de la causa por la supuesta manipulación de la valoración de unas obras.
El magistrado también solicita una "ampliación de informe del perito de la IGAE sobre los extremos expuestos por la representación de Arcadio Mateo (ex director general de Acuamed) y que guardan relación con las facturas de diversas empresas que habrían sido abonadas en unidades de tablestacas en las obras de eliminación de la contaminación química en el embalse de Flix (Tarragona).
Cabe destacar que la petición de diligencias y de imputación de Gracia Ballesteros de Anticorrupción al juez de la causa se produce después de que el ex director general de Acuamed, Arcadio Mateo, denunciase ante la Fiscalía General que la fiscal de la causa, Inmaculada Violán, no investigaba los presuntos delitos que afectaban al PSOE en este caso.
Fuentes de la causa consultadas por este diario sospechan que "la Fiscalía Anticorrupción pudo alcanzar un acuerdo de colaboración con Gracia Ballesteros y otra de las denunciantes, Azahara Peralta". Dicho supuesto pacto nunca ha sido reconocido por las partes. Las mismas fuentes consideran que el caso Acuamed "ha consistido desde su inicio en una operación de la Fiscalía contra el PP en la que no se han investigado los presuntos delitos denunciados y supuestamente cometidos por el PSOE en la misma empresa pública".
Desde que estalló el caso Acuamed en 2016, la causa fue utilizada por el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, para desgastar a Mariano Rajoy. Sin embargo, durante la instrucción, también afloraron numerosos documentos e indicios de que el escándalo afectaba de lleno al partido socialista durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y con Cristina Narbona como ministra de Medio Ambiente y responsable de Acuamed.
Posible financiación ilegal del PSOE de 486.000 euros
Tal y como publicó este diario, el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ordenó investigar el pasado mes de abril un posible caso de financiación ilegal del PSOE de 486.000 euros en el marco de la causa Acuamed. El ex director general de esta empresa pública, Arcadio Mateo, denunció previamente la impunidad de los socialistas frente a la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado durante la instrucción.
Concretamente, Mateo relataba en un escrito remitido al instructor la adjudicación sospechosa en mayo de 2011 de un "servicio de coordinación, apoyo logístico y relaciones institucionales" por importe de 39.000 euros al fallecido Antoni Sabaté, exdiputado socialista por Tarragona en el Parlamento catalán y exalcalde de Flix. Dicha adjudicación se materializó a propuesta de Gracia Ballesteros Fernández, nombrada entonces subdirectora de construcción en el Ebro y Cuencas internas de Cataluña.
Mateo denunciaba también haber recibido una misteriosa visita del exsenador socialista, Joan Sabaté y aludía a pagos efectuados por un valor total de 220.702 euros por servicios de "asesoría en comunicación" a Bassat Ogilvy y de 227.050 euros a la Fundación privada Institut Cerdà por servicios de "asesoría y acompañamiento continuo en el proceso de posicionamiento local". Dichos pagos supuestamente se camuflaban como gastos de tablestacas (estructura de contención) en la obra de Flix (Tarragona).