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Decretada prisión incondicional para Alfoso Grau, Rafael Rubio y tres empresarios investigados por corrupción

La juez que investiga esta presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Valencia aprecia riesgo de destrucción de pruebas

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La juez que investiga esta presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Valencia aprecia riesgo de destrucción de pruebas
El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, a su salida de su domicilio tras el registro efectuado por agentes de la UCO tras ser detenido. | EFE

Después de haber sido arrestados en el marco de la segunda fase de la operación Azud, una presunta trama de corrupción urbanística, este sábado la juez del caso ha decretado prisión incondicional para el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, el exsubdelegado del Gobierno en la provincia, Rafael Rubio, y tres empresarios más.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia que les investiga por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal ha dictado su ingreso en prisión al apreciar riesgo de destrucción de pruebas.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana, los otros ocho detenidos que han pasado a disposición judicial este sábado han quedado en libertad provisional con retirada de pasaportes, prohibición de salir del país y comparecencias semanales en sede judicial.

Detenidos el jueves

Fue el pasado jueves cuando Grau, Rubio y otras 12 personas más fueron detenidas en la segunda fase de esta causa que se encuentra bajo secreto de sumario.

Tras las detenciones y numerosos registros, los arrestados fueron trasladados a diferentes comandancias de la Guardia Civil, donde han permanecido hasta este sábado por la mañana, cuando se les ha llevado ante la juez.

De los 14 detenidos, 13 han sido puestos a disposición judicial. El primero en comparecer ha sido Alfonso Grau y le han seguido, entre otros, Rubio y el constructor valenciano Jaime Febrer. Subrayar que la Fiscalía solicitó a la magistrada del caso prisión provisional para los considerados principales cabecillas de la trama, Grau y Rubio, aunque la juez ha adoptado su decisión una vez han comparecido los 13 detenidos puestos a su disposición por la Guardia Civil.

Mordidas a cambio de adjudicaciones

Rafael Rubio, también exdiputado provincial y exportavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, y el popular Alfonso Grau, están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras. En concreto, se estima que Grau pudo haber ganado con estas prácticas un millón de euros y Rubio otros 300.000.

A Rubio y a Grau le constan otros procedimientos judiciales. El socialista está procesado en una de las piezas del caso Imelsa en la que se investigan contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa.

Por su parte, Alfonso Grau, de 80 años, fue condenado a cuatro años de cárcel por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. También está siendo investigado en el caso Imelsa.

Otro de los detenidos que presuntamente tuvo un papel destacado en la trama fue el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, ya que al parecer intermedió entre los políticos y uno de los empresarios arrestados, el constructor Jaime Febrer, quien fue localizado en Ibiza.

Además, los agentes de la UCO detuvieron a otras 10 personas más, entre ellas la hija de Grau, la exalcaldesa de Jijona y un exconcejal de esta misma localidad alicantina.

La causa

Esta nueva operación policial están enmarcada en la segunda fase del caso Azud, en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia investiga presuntas mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento valenciano habrían realizado.

En una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín.

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