Podemos ignoró tres informes jurídicos internos que alertaban de los escoltas ilegales asignados a Pablo Iglesias e Iñigo Errejón. Libertad Digital ha tenido acceso en exclusiva a los 3 informes del equipo legal de la formación morada que avisaban del incumplimiento de la Ley de Seguridad Privada.
La citada ley establece que "los servicios de seguridad privada se prestarán únicamente por empresas de seguridad privada, despachos de detectives y personal de seguridad privada. Los vigilantes de seguridad, escoltas privados y jefes de seguridad desempeñarán sus funciones profesionales integrados en las empresas de seguridad que les tengan contratados". El incumplimiento de dicha ley puede acarrear sanciones administrativas de hasta 600.000 euros.
Primer informe
El primero de los informes, al que ha tenido acceso LD y que fue elaborado por el equipo legal de Podemos el 20 de febrero de 2016, afirma que "es imprescindible jurídicamente que las personas que vayan a ejercer las funciones de vigilancia y protección de personas sean escoltas privados contratados a través de una empresa de seguridad.
En cualquier caso, los acompañantes deben evitar en todo momento alegar que actúan como personal de protección de personas ya que estarían infringiendo la Ley de Seguridad Privada ya que nadie puede ejercer estas funciones sin la debida habilitación legal".
Segundo informe
Tres meses después, el 27 de mayo de 2016, el equipo legal elaboraba un segundo informe: "El acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas, o de grupos concretos de personas, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos debe ser realizada exclusivamente por escoltas privados cumpliendo con todas las exigencias previstas en la Ley de Seguridad Privada. Por lo tanto, ningún empleado de Podemos puede realizar funciones de seguridad privada puesto que carecen de la correspondiente titulación y habilitación profesional para ejercer las funciones de vigilantes de seguridad, escoltas privados, jefes de seguridad o directores de seguridad".
"Podemos", añadía el documento, "no puede contratar personal de seguridad privada —vigilantes de seguridad, escoltas, jefes de seguridad o directores de seguridad— ni disponer de un departamento de seguridad y vigilancia para realizar funciones de protección de personas e instalaciones, ya que estaríamos infringiendo la Ley de Seguridad Privada".
Tercer informe
El equipo legal de Podemos emitía un tercer informe jurídico interno el 20 de julio de 2016, planteando alternativas ya que sus anteriores advertencias habían sido desoídas: "A la vista de que legalmente ningún empleado de Podemos puede realizar directamente funciones de escoltas privados para el acompañamiento, defensa y protección de personas físicas, debemos optar por una de las siguientes alternativas de protección, sin perjuicio de que determinados cargos de Podemos vayan siempre acompañados por otras personas de forma estrictamente particular".
El equipo legal proponía entonces como primera opción "solicitar formalmente al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente que se hagan cargo de las funciones de acompañamiento, defensa y protección de los cargos públicos de Podemos, bajo su completa responsabilidad".
La segunda opción planteada era "la contratación del servicio de vigilancia y protección de personas a una empresa de seguridad privada con cargo al presupuesto de seguridad oficial. En este caso cabrían, en principio, dos posibilidades: contratación del servicio a una empresa de seguridad privada constituida previamente por el personal de Podemos que quisiera dedicarse a estas funciones, o la contratación del servicio a una empresa de seguridad externa pero exigiendo que esta empresa contrate laboralmente a todo el personal de Podemos que quiera dedicarse a estas funciones de vigilancia y escoltas privados".
La tercera opción propuesta en el citado informe consistía en "complementar la eventual protección facilitada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con la contratación de empresas de seguridad privada para prestar servicios de vigilancia y protección de personas en aquellos casos en los que sea necesario un mayor nivel de seguridad".
Finalmente, los tres informes jurídicos del equipo legal de Podemos, así como sus alternativas y propuestas ideadas para cumplir la Ley de Seguridad Privada, fueron ignorados hasta la actualidad.
Tres escoltas para Iglesias y otros 3 para Errejón
Tal y como publicó este medio en exclusiva, un informe interno sobre la matriz de riesgo del partido elaborado en el 2017 por el entonces responsable de Cumplimiento Normativo, Raúl Carballedo, detallaba la asignación de 6 empleados de Podemos como escoltas de Iglesias y Errejón. Concretamente, se asignaron 3 escoltas para Iglesias y otros 3 para Errejón.
Además, el equipo de Asuntos Internos de Podemos ordenó manipular dicho informe para camuflar la existencia de escoltas. Concretamente, se eliminó del informe la siguiente frase que demostraba el incumplimiento de la Ley de Seguridad Privada: "Esta función le corresponde a un escolta, debido a las principales funciones que desarrollan: acompañamiento, defensa y protección de personas".