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Delgado ataca en un informe interno la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal del ministro Campo

El informe provisional, al que ha tenido acceso LD, realiza una "valoración general desfavorable" del proyecto estrella del Ministerio de Justicia.

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El informe provisional, al que ha tenido acceso LD, realiza una "valoración general desfavorable" del proyecto estrella del Ministerio de Justicia.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. | Ministerio de Justicia

El informe provisional sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), elaborado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y firmado por la propia fiscal general Dolores Delgado, realiza una "valoración general desfavorable" del proyecto estrella del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. El objetivo principal de la nueva norma es atribuir la investigación de las causas a los fiscales.

El documento de 99 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, fue distribuido la semana pasada a todos lo vocales del Consejo Fiscal. Además, se acordó un calendario de trabajo para emitir el informe definitivo que es preceptivo, pero que no será vinculante para el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según este informe provisional, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal adolece de importantes fallos por las "exorbitantes funciones" que seguirán concentrando los denominados jueces de garantías; por ver innecesario aumentar la plantilla de fiscales y por olvidar medidas para la agilización de las causas.

Para la Fiscalía General, el Anteproyecto no parece implementar un proceso penal que refuerce los principios de imparcialidad y defensa, al igual que tampoco tiende a armonizar nuestro sistema procesal con el resto de países de nuestro entorno cultural y geográfico, "pues estos objetivos no se alcanzan por el mero hecho de atribuir la dirección de la investigación criminal al Ministerio Fiscal".

Añade que, si bien es cierto que regula algunas de las más avanzadas técnicas de investigación contra el crimen, "en algunas ocasiones se advierte que lo hace con ciertos obstáculos para combatir de manera eficaz las más complejas y sofisticadas formas de delincuencia propias de nuestro tiempo". Todas estas consideraciones llevan a concluir que el Anteproyecto "merece una valoración general desfavorable".

"En la actualidad el Ministerio Fiscal difícilmente se halla en disposición de asumir la dirección de la investigación criminal sin que previamente se acometa un notable incremento de su plantilla, pues lo cierto es que los y las fiscales se encuentran hoy en día al borde del colapso", sostiene el informe que se somete a consideración el Consejo Fiscal.

En este contexto, critica abiertamente que el texto articulado omita la implementación de medidas específicamente dirigidas a agilizar la tramitación de los procedimientos penales, "diseñando un procedimiento ordinario cuya tramitación se advierte sumamente lenta y compleja".

Sobre el sistema de plazos procesales, la fiscalía entiende que la nueva ley "constituye una solución procesal excesivamente radical que, a la postre, pudiera resultar incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva.

Otros aspectos omitidos en la futura Ley

Respecto a otros aspectos procesales no abordados en el Anteproyecto, el informe provisional advierte de que existen omisiones relevantes como la nula previsión ofrecida a la problemática procesal asociada a los delitos contra turistas en tránsito; la inexistencia de referencia alguna sobre un estatuto del alertador o whistleblower; la falta de previsión ante eventos extraordinarios —como una pandemia— que regule el modo en que deba procederse a fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de la administración de justicia; o la falta de articulación de mecanismos de colaboración en materia de ejecución de condena.

El texto concluye que la futura Ley "no colma las aspiraciones" de la Fiscalía al objeto de conseguir una justicia penal ágil y eficaz que respete y potencie el papel del Ministerio Fiscal como defensor imparcial de la legalidad en el marco de nuestra arquitectura constitucional.

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