La eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundua, ha mandado una carta al presidente de la Asamblea del Consejo de Europa, Rik Daems, para responder al socialista Boriss Cilevics y su informe titulado "¿Deben los políticos ser juzgados por las manifestaciones hechas en el ejercicio de su mandato?" y que será sometido a votación por la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa el próximo día 21.
Dice que "la Resolución, tal y como lo han denunciado organizaciones de juristas y expertos en la materia, es una presentación sesgada, parcial e interesada de los acontecimientos que tuvieron lugar en Cataluña en septiembre y en octubre de 2017, especialmente la anulación de la separación de poderes y anulación de la legislación democrática los días 6 y 7 de septiembre. Se cometieron graves delitos juzgados en juicios con todas las garantías y absoluta transparencia, pues fueron emitidos en abierto. Lo que tenemos en las páginas del parlamentario coincide en buena medida con la propaganda de los que cometieron los delitos en un claro acto de desinformación, dentro de la campaña de desinformación que, no olvidemos contó con injerencia extranjera como fue probado en 2018 por el comité del Parlamento británico de Desinformación en 2018, así como por el máximo responsable de la inteligencia alemana. La mención a las injerencias rusas para desestabilizar Cataluña se recogen también en un documento de trabajo que ha sido circulado a los miembros de la comisión INGE del Parlamento Europeo".
Además, señala Pagazaurtundua, "obvia la importancia que para los principios democráticos tiene el respeto al Estado de Derecho y la obligación de que los comportamientos antijurídicos de las autoridades públicas lleven aparejadas sanciones suficientes como para desincentivar su comisión. Por otro lado, la Propuesta realiza un planteamiento del derecho de manifestación que lo aleja de los estándares democráticos".
La eurodiputada critica el ataque gratuito que desde el informe se hace a los tribunales españoles "en tanto en cuanto no aporta evidencias en relación a los errores que pudiera haber en sus conclusiones (en relación a la malversación, por ejemplo) y carece de rigor jurídico (insiste en la ausencia de violencia en los hechos imputados cuando el tipo aplicado no requiere la existencia de violencia). Se trata de una crítica que roza la intromisión en la función judicial y el respeto a la independencia judicial y a la separación de poderes, y que, además, propugna que determinadas privaciones de derechos (la utilización ilegal de datos personales de los ciudadanos) quede sin sanción".
Por todo esto pide que "la Propuesta se retire por la Asamblea Parlamentaria pues supondría un retroceso significativo en los valores que ha defendido el Consejo de Europa en sus más de 70 años de existencia y contradiría algunos principios ya asentados en nuestras democracias. Le ruego haga lo necesario para no comprometer la credibilidad del Consejo de Europa".