La Generalidad de Cataluña tiene entre sus objetivos el ir arrinconando y dejando sin funciones en la región a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Quiere que la Policía Nacional y la Guardia Civil se conviertan en unos cuerpos policiales ajenas al día a día de Cataluña. En esta línea, la consejería catalana de Interior puso en marcha hace dos años una unidad marítima dentro de los Mossos d´Esquadra, cuya evolución ha estado frenada por la pandemia de coronavirus.
La misma estaba dividida en dos partes. La primera compuesta por un equipo especializado en buceo, que tiene como misión sustituir en sus funciones al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil. La segunda, un equipo de servicio marítimo, con la misión de realizar exactamente las mismas labores que realiza en todo el territorio nacional –incluida la propia Cataluña– el Servicio Marítimo (SEMAR) del Instituto Armado.
La competencia de control marítimo en aguas exteriores e interiores es competencia exclusiva de la Guardia Civil en todo el territorio nacional. Así se recoge en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Y así lo ratificó en 2019 un dictamen de la Comisión Nacional de Policía Judicial, el órgano de coordinación que incluye a los ministerios de Interior y Justicia, a la Fiscalía, al Consejo General del Poder Judicial y a las consejerías vasca y catalana de Interior.
Pese a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez está colaborando con la creación y expansión de la relativamente nueva unidad de la policía catalana, pese a que con ello perjudica directamente a la Guardia Civil. Y todo ello sin que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, haya alzado la voz para censurar esa OPA hostil por parte de la Generalidad de Cataluña a unas competencias exclusivas de la Benemérita.
El último ejemplo salió publicado a finales de la pasada semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Ministerio de Transportes, dirigido por José Luis Ábalos, ha dado luz verde a un convenio entre la Dirección General de la Marina Mercante y el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña "para que reciban la formación marítima que deben recibir los integrantes del cuerpo de Mossos d´Esquadra y el cuerpo de bomberos de la Generalidad de Cataluña para el gobierno de las embarcaciones adscritas a dichos cuerpos en aguas marítimas".
Lo más llamativo es que encima será el Gobierno central el que corra con el coste económico de esta formación, y no el Gobierno catalán, como sería lo normal. Es decir, el Gobierno de Pedro Sánchez paga el proceso formativo de los guardias civiles que realizan estas funciones porque es su competencia exclusiva y también el de los agentes de la policía catalana que quieren usurpar de sus funciones a los efectivos del Instituto Armado.