La Sala de los Contencioso-Administrativo (Sala Tercera) del Tribunal Supremo tardará "más de un año" en resolver los recursos que se presenten contra los indultos del Gobierno de Pedro Sánchez por el golpe del 1-O. El Ejecutivo podría aprobar esta misma semana en Consejo de Ministros esta medida de gracia para los golpistas que fueron condenados por la Sala Penal del Supremo por delitos de sedición o malversación.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que "la primera parte del recurso contra los indultos se puede presentar hasta el mismo día de septiembre en el que se concedan este mes porque agosto no computa en el plazo de dos meses". Es decir, si los indultos se aprueban este martes 22 de junio, se podrían recurrir hasta el 22 de septiembre. "Posteriormente", añaden, "se presentaría en una segunda parte la demanda del recurso con la argumentación".
"La Sala Tercera puede tardar en resolver los recursos contra los indultos a los golpistas un año o año y medio, a pesar de que se podría optar por un procedimiento de urgencia que es poco probable que se opte por él en este caso. Además, existen pocas posibilidades de que la Sala Tercera que preside el magistrado César Tolosa acepte medidas cautelarísimas (sin escuchar a las partes) o medidas cautelares (con alegaciones de las partes) para paralizar temporalmente los indultos hasta que se resuelva el fondo de los recursos en el citado plazo de más de un año", sostienen.
La razón por la que la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazaría estas medidas cautelarísimas o cautelares es que "el riesgo de fuga que se valoraría es el mismo riesgo que ahora y se les siguen concediendo permisos constantes para salir de prisión. "Los indultos en realidad no van a cambiar mucho la situación penitenciaria de los presos golpistas, porque están más tiempo fuera que dentro de prisión", ironizan.
Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD afirman que para el éxito de los recursos en la Sala Tercera será clave "la redacción de los recursos, tras conocer la argumentación que da el Gobierno para justificarlos. El Ejecutivo tiene que exponer razones motivadas individualizadas, porque si no, sería un indulto general. Los recurrentes contarán además con la fuerza de los informes de la Fiscalía y el Supremo contrarios a la medida de gracia para elaborar sus recursos".
¿Quién puede recurrir?
Tal y como publicó este diario, "la legitimación" será la llave para frenar en el Supremo los indultos del Gobierno a los golpistas del 1-O. Entre los partidos políticos que han anunciado su intención de recurrir que son Vox, PP y Ciudadanos, la formación de Santiago Abascal es la que "tiene más opciones de ser considerada una parte legitimada para recurrir, ya que ejerció la acusación popular durante el procedimiento del 1-O que se juzgó en el Supremo".
No obstante, "otros colectivos o personas que sufrieron directamente la violencia del delito de sedición cometido por los golpistas del 1-O en Cataluña podrían ser considerados como legitimados por la Sala del Supremo para recurrir el indulto". En este contexto, no se descarta que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que sufrieron la violencia en las calles o en las instituciones, los guardias civiles a cuyos hijos coaccionaron en las escuelas catalanas, las asociaciones civiles o los propios comerciantes que tuvieron que cerrar sus negocios, puedan ser considerados legitimados", apuntan.
Pedro Sánchez, la Fiscalía y la Sala Penal del Supremo
Cuando Pedro Sánchez estaba en la oposición aseguró tras una conferencia política del PSOE que "nunca más habrá indultos por motivos políticos, siempre deberán contar con la petición inicial del tribunal sentenciador y nunca más habrá injerencias del poder ejecutivo en el poder judicial".
Durante la tramitación de los indultos, los cuatros fiscales del 1-O (Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno) se opusieron con dureza a la medida de gracia afirmando que "las circunstancias que concurren en el caso no aconsejan la concesión del indulto solicitado, al no concurrir razones de justicia, equidad o utilidad pública" y especificando que "no se trata de una medida prevista para satisfacer intereses políticos coyunturales".
Por su parte, la Sala Penal del Supremo que preside el magistrado Manuel Marchena en su informe de 21 páginas afirmaba que el indulto "es una solución inaceptable", que "la petición de indulto no activa una segunda instancia ante el Gobierno de la Nación" y recordaba además que "algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia".