Ni distensión, ni concordia, ni diálogo. Los Comités de Defensa de la República (CDR), comandos en los que hay militantes de todos los partidos y entidades separatistas, han convocado una concentración en la plaza de España de Barcelona para tratar de reventar el comienzo del Mobile World Congress por la presencia del Rey.
El presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, tiene en su agenda acudir a la cena inaugural, un acto que será presidido por Felipe VI. Según la portavoz de la Generalidad, Patrícia Plaja, la "idea" es que la agenda de la Casa Real no condicione la de la Generalidad. Los nacionalistas han cambiado de estrategia. Aragonès rehusó quedarse a la cena de las jornadas del Círculo de Economía dedicadas a los indultos, pero acabó haciéndose la foto con el Rey y el presidente de Corea del Sur. Esta vez, Aragonès pretende no hacer tanto el ridículo y aparentar una cierta normalidad institucional.
Sin embargo, las extensiones callejeras de los partidos separatistas no quieren normalizar la presencia del Rey en Cataluña y tratan de resarcirse del fracaso de hace unos días, cuando sólo unas decenas de personas participaron en la quema de un gran retrato del monarca frente al hotel donde se celebraba el acto del Círculo de Economía. "Foc al Borbó" (Fuego al Borbón) es el lema de la manifestación convocada por estos grupos, que no tienen reparo alguno en calificar a los miembros de la Familia Real de "ladrones, violadores y asesinos".
En función de su capacidad de convocatoria, esta manifestación podría ser la primera gran prueba para los Mossos d'Esquadra desde que se inició el mandato de Aragonès. Además, la policía autonómica depende ahora de ERC, que nombró a un independiente, el exsocialista Joan Ignasi Elena, como consejero de Interior.
Está en juego también la imagen de Barcelona en la reanudación de la actividad ferial con un acontecimiento de máximo relieve como es la feria de la telefonía móvil, un certamen cuyos organizadores valoran trasladar a otras ciudades europeas.
La última acción de los CDR fue la quema de la bandera española del Ayuntamiento de Vich ante la pasividad de la policía local. Fue la respuesta de los comités a la concesión del indulto a sus líderes políticos excarcelados.