El pasado 18 de mayo en el Congreso de los Diputados, ante una indignada Irene Montero, Partido Popular y Vox ya votaron en contra de la toma en consideración de la llamada "ley trans". Una medida que entonces no fue apoyada ni por los socialistas, que se abstuvieron.
Un mes después, Irene Montero logrará este martes llevar esa propuesta al Consejo de Ministros, mientras que la postura de la oposición no ha cambiado. A la espera de conocer el redactado completo de la Ley, desde el Partido Popular muestran su rechazo a la medida por ser "incompatible con el ordenamiento jurídico. La ley provocaría un alto nivel de inseguridad jurídica", añaden fuentes populares.
La lucha de egos de Calvo y Montero
Además inciden en que "es una ley que ha provocado una honda fractura entre el PSOE y Unidas Podemos. Calvo y Montero llevan meses de batallas, contradicciones, desmentidos y ninguneos. La lucha de egos ha sido evidente". "Desde el PP defendemos la elaboración de una normativa que proteja los derechos de las personas LGTBI, también los menores de edad, pero dotada de seguridad jurídica y respetando el ordenamiento jurídico", aseguran.
"Reivindicamos la igualdad entre todos los españoles, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, como recoge nuestra Carta Magna. Este es el partido de la libertad, y por ello vamos a proteger y defender la libertad de las personas de sentir, amara a quien quieran y como quieran", añaden estas fuentes.
"Podemos busca marcar territorio"
Ya el pasado 18 de mayo, durante el debate, la diputada del PP Marga Prohens criticó la medida impulsada por Podemos, entre otras cosas, porque obvia a los especialistas y "no quiere escuchar a juristas, médicos, endocrinos ni psicólogos", además "quita todas las garantías especialmente cuando se trata de menores y temas médicos con consecuencias para su salud".
"No sabemos las consecuencias legales del nuevo concepto jurídico de ‘padres madres y adres’ que incluye la ley", explicó. Lamentó también que Podemos que buscase "marcar territorio a las puertas del día del orgullo gay, como sucedió con la Ley, que finalmente no se aprobó, del sí es sí antes del 8-M". "Es el ruido de la izquierda para usar a las personas como arma electoral, en este caso a los transexuales", lamentó Prohens.
Recurrieron en Cataluña
En este sentido, los populares recuerdan también que su formación recurrió ante el Constitucional, que lo ha admitido a trámite, varios artículos de la "Ley catalana de violencia machista", entre ellos el que "incluye a las mujeres trans como potenciales víctimas de maltrato".
En concreto, el PP recurrió cuatro artículos de la ley que el Parlamento de Cataluña aprobó el pasado mes de diciembre, al entender que invade competencias exclusivas del Estado y contraviene leyes orgánicas vigentes.
El Parlamento catalán modificó la ley de 2008 para extenderla a "todas las mujeres trans", incluidas las que "no tienen la mención de sexo registrada como mujer". En su escrito, el PP subrayaba que la ley recurrida -impulsada por En Comú Podem- incluye a las "mujeres, niñas y adolescentes trans", lo que, a su juicio, "desnaturaliza el concepto de 'sexo' en el ordenamiento jurídico español", así como "elementos esenciales" de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 y del Código Penal de 1995.
El texto modificado por el Parlamento catalán fija además que "las mujeres transgénero que no tienen la mención de sexo registrada como mujer en la documentación oficial se equiparan, a los efectos de esta ley, a las otras mujeres que han sufrido violencia machista en la medida en que se reconocen como mujeres". El recurso del PP subraya que ese precepto fija "una definición propia" del consentimiento sexual "mediante la modificación, mutación o derogación" de aspectos del Código Penal, lo que supone "innovar y alterar" esa norma en la que la mención al consentimiento "no se configura a través de una definición específica".