Expertos jurídicos consultados por Libertad Digital denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez está "desmantelando el Estado de derecho por fases, deslegitimando el Poder Judicial", tras conocerse su postura sobre la eliminación de la ejecutividad del Tribunal Constitucional que publicó este diario. "El Estado está dominado por el Poder Ejecutivo", lamentan.
El Congreso de los Diputados aprobó en marzo una iniciativa del PNV apoyada por el PSOE, Podemos y los independentistas, para suprimir el carácter ejecutivo de las sentencias del Tribunal Constitucional que fue introducido a través de la Ley Orgánica 15/2015 por el Gobierno del Partido Popular. El objetivo es impedir que funcionarios y autoridades puedan ser perseguidos o suspendidos en el cargo por incumplir las resoluciones del Alto Tribunal, así como eliminar la imposición de multas o el cese en el cargo de los infractores.
Cabe destacar que cuando en el 2015 se aprobó la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el PNV presentó entonces un recurso, y el propio TC falló que dicha modificación aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy era constitucional.
Las fuentes jurídicas consultadas por LD explican que "cuando una institución como un Gobierno autonómico o un Parlamento autonómico aprueba una Ley que es inconstitucional, el TC tiene la facultad de reconducir esta situación a través de advertencias o multas coercitivas, que vienen regladas en la modificación que se hizo en la Ley Orgánica del Alto Tribunal".
Según las mismas fuentes, el objetivo último del Gobierno eliminando la capacidad de ejecutividad al Constitucional es beneficiar a los Ejecutivos nacionalistas o independentistas autonómicos como los del País Vasco o Cataluña: "Quieren quitar y destruir todo lo que oprime a los independentistas, eliminar las cortapisas a esa parte de España que está incómoda con las reglas del Estado de derecho. Los independentistas quieren seguir incumpliendo la Ley y que no les persigan por ello".
"El Gobierno quiere recuperar aquellos puntos del Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 2006 que fueron declarados inconstitucionales por el TC en 2010. Principalmente, el precepto que les otorgaría un Poder Judicial propio, y en segundo lugar, un nuevo modelo de financiación. La ejecutividad del TC fue clave en la paralización de las llamadas Leyes de transitoriedad y de autodeterminación que aprobó el Parlamento catalán durante el golpe del 1-O", concluyen.
La reforma aprobada por el PP
El Gobierno del PP modificó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en el 2015. Tras dicha reforma, el artículo 92 de la Ley 15/2015 de 16 de octubre establece que el "Tribunal Constitucional velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Podrá disponer en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución".
"En caso de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida", añade, "el Tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído, requerirá a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que, en el plazo que se les fije, informen al respecto".
Finalmente, si el Tribunal Constitucional apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución, podrá "imponer multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado"; o "acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal".