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El Tribunal Supremo tumba los recursos de Artur Mas contra el Tribunal de Cuentas por el primer referéndum ilegal

Alega "falta de fundamentación" un día después de la vista en el órgano fiscalizador por los gastos para internacionalizar el proceso.

Alega "falta de fundamentación" un día después de la vista en el órgano fiscalizador por los gastos para internacionalizar el proceso.
El expresidente de la Generalidad Artur Mas | EFE

Nuevo tortazo a los líderes del proceso separatista. El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de casación interpuestos por el expresidente de la Generalidad Artur Mas y otros exaltos cargos de la administración autonómica contra la sentencia del Tribunal de Cuentas por el primer referéndum ilegal, celebrado el 9 de noviembre de 2014.

Además de a Artur Mas, el Tribunal de Cuentas condenó en julio de 2019 a Joana Ortega, Josefina Valls, Francesc Homs, Jordi Vilajoana, Ignasi Genovés, Jaume Domingo y Teresa Prohias i Ricart por su responsabilidad contable. La resolución del Supremo indica que "los recurrentes no han justificado el interés casacional alegado en sus recursos" y alude también a una fundamentación insuficiente.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado un día después de la vista en el órgano fiscalizador alusiva al desvío de fondos públicos para la internacionalización del proceso separatista, procedimiento en el que también están implicados Artur Mas y Francesc Homs, entre otros. El Tribunal de Cuentas les ha dado un plazo de quince días hábiles para depositar 5.422.879,48 euros como fianza.

La resolución del Supremo supone un espaldarazo al Tribunal de Cuentas en relación a los procedimientos sobre el proceso separatista.

Pagó la "caja de solidaridad"

El órgano fiscal condenó a Mas y los principales miembros de su gobierno al pago de cinco millones de euros por los gastos de la consulta del 9-N, entre ellos la compra de miles de ordenadores para celebrar las votaciones que luego fueron repartidos en centros de enseñanza. Mas y los condenados no abonaron ni un euro de su bolsillo, ya que recurrieron a la caja de solidaridad separatista. Es lo mismo que pretenden hacer ahora para afrontar la fianza por la internacionalización del proceso separatista, aunque el Govern de la Generalidad está estudiando también la posibilidad de presentar un aval que cubra a los acusados.

Como es sabido, el Gobierno ha anulado a la Abogacía del Estado en la causa y la Generalidad ha renunciado a presentarse como administración perjudicada.

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