Una ciudadana catalana ha presentado un recurso ante la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional del Ministerio de la Presidencia solicitando la retirada inmediata de la campaña del Orgullo LGTBI de la ministra de Igualdad, Irene Montero, porque la palabra "todes" no existe en nuestra lengua. El lema de dicha campaña es "Orgullo de todas, todos, todes. Por una España feminista y diversa".
El recurso, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que "la campaña presentada el pasado 24 de junio por Irene Montero "es contraria al interés general e irresponsable, pues contraviene las normas lingüísticas promulgadas por la Real Academia Española (RAE), institución cultural española privada financiada con fondos públicos y que vela para garantizar la norma común y la unidad idiomática de nuestra lengua oficial: el español".
El escrito denuncia que en el cartel de la campaña "se utiliza la palabra ‘todes’, que no existe en nuestro vocabulario. Es más, el término ‘todas’, cuando ya se dice ‘todos’, es innecesario. Según la RAE, "el uso de la letra e como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical (todos) ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género".
"Esta campaña", añade el escrito, "no solo es contraria al interés general e irresponsable, sino que comete una deslealtad institucional a todos los españoles, pues el uso de ‘todes’ es contrario a la verdad y a la realidad de nuestro idioma. Tampoco es una campaña neutral, pues la llamada ‘ideología de género’ (o géneros no biológicos), con el activismo ‘queer’ y transexual y transgénero, es dominante en el ideario de Podemos y defendido por el PSOE".
"’Todes’ forma parte de una jerga o jerigonza que usan solo miembros de ese grupo. Forma parte, en definitiva, de esa idea de ‘heteropatriarcado’ que preconiza la ministra Irene Montero y su partido Podemos, que se puede definir como un odio hacia la heterosexualidad porque, dicen, da lugar a desigualdades y ‘violencias’", apunta el recurso.
"Según declaró la ministra Irene Montero, mintiendo, para utilizar ‘todes’: ‘el masculino neutro es político’. Pues No, el neutro NO es masculino sino neutro, ya que existen en nuestro idioma los géneros masculino, femenino, neutro, común, epiceno y ambiguo. Por tanto, se ha producido también un gasto de dinero público no sólo innecesario sino claramente destinado para difundir un mensaje partidista", afirma.
La recurrente solicita que se admita su escrito y se cese la campaña institucional por infracción del artículo 3.4. Además, como medida cautelar, reclama a la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional del Ministerio de la Presidencia ordenar la suspensión provisional de la campaña, por infracción manifiesta de los artículos 3.2, 3.4 y 4. Por último, reclama a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que restituya a los fondos públicos el coste íntegro de esta campaña por ilegalidad de la misma.
La Ley Trans de Irene Montero
La Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans aprobada este martes en el Consejo de Ministros dispone que los menores de 12 y 13 años necesitarán una autorización judicial para cambiar su sexo en el Registro Civil, mientras que a partir de los 14 años podrán podrá hacerlo con un simple trámite administrativo, sin pruebas ni testigos.
La conocida como ley Trans sale adelante tras meses de desencuentros y una negociación contra reloj, dadas las diferencias entre la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en torno a lo que la izquierda llama "autodeterminación de género", es decir, la libre elección de sexo. Finalmente, la segunda se ha salido con la suya y ha logrado que este aspecto sea incluido en la nueva norma, que ha calificado de "histórica", aunque llegue "un poco más tarde de lo que nos hubiera gustado".
El anteproyecto "despatologiza" a las personas trans y acaba con las tutelas de terceros para que éstas puedan cambiar el sexo y el nombre en el Registro. A partir de ahora, bastará tan sólo con su voluntad. No obstante, el texto establece un mecanismo para evitar que se cometa fraude de ley, limitando las modificaciones: las personas que hayan cambiado el sexo una vez, necesitarán obtener una autorización judicial para volver a hacerlo.