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El Gobierno aprueba la ley de "sólo sí es sí" con una nueva definición del consentimiento sexual

Tras la Ley Trans el Consejo de Ministros aprueba otra ley estrella de Irene Montero, que castiga las "expresiones sexuales" callejeras.

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 6 de julio el proyecto de ley de Garantías de la Libertad Sexual tras más de un año desde su aprobación como anteproyecto. El texto cuenta con una nueva definición de consentimiento "en positivo", tras los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado en sus informes.

La redacción será: "Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Desde el departamento que dirige Irene Montero indican que, cuando entre en vigor la norma, las víctimas "ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia". De esta forma, se entiende que "todo acto sexual sin consentimiento será agresión" y se "eliminan" los abusos sexuales del Código Penal.

La norma, destaca el Ministerio, se aprueba en vísperas del 7 de julio, día en el que se cumple el décimo tercer aniversario del feminicidio sexual de Nagore Laffage. En dicha fecha también se produjo la agresión a la víctima de la Manada en Sanfermines.

Con esta norma, el consentimiento será la pieza clave para juzgar los delitos sexuales y la violación será toda penetración sin consentimiento, sin exigir que concurran violencia o intimidación. Además, la ley amplía en España el concepto de violencia sobre la mujer más allá del ámbito de la pareja o la expareja: toda violencia sexual se considerará violencia machista.

En rueda de prensa, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que la ley vuelve a situar a España a la vanguardia de la protección de las mujeres y los niños y pone el foco en el consentimiento de la mujer como aspecto fundamental sobre el que se configuran los delitos contra la libertad sexual: "Si tú no quieres, no tienes que participar en ningún acto sexual", ha resumido.

Irene Montero no ha comparecido. En su lugar, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que celebra que ahora se ponga el consentimiento en el centro: "Eso significa que solo tú decides sobre tu cuerpo y tu sexualidad, te libera de tener que demostrar que te has resistido, que hubo violencia o te sentiste intimidada", ha declarado.

Para la ministra, este martes es "uno de esos días" en los que "la política está a la altura de las demandas de la sociedad" y, más concretamente "de las demandas feministas" y "de las mujeres" del país.

"Delito sexual callejero"

En la norma, además, se recogen futuros cambios en el Código Penal con horquillas más amplias en las penas para "dar una adecuada respuesta penal a la multiplicidad de circunstancias", explica el Ministerio de Igualdad. Recogerá "un catálogo de agravantes específicos, entre las que se encuentran las agresiones grupales, la existencia de una grave violencia o un daño también grave a la víctima" en los términos del artículo 46 del Convenio de Estambul, la especial vulnerabilidad de esta, o el uso de armas o medios peligrosos.

Según avanzó El País, entre esos nuevos supuestos penales estará el delito sexual callejero, que podrá castigarse con trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente. La norma establece, adelantó el diario, que será autor de un delito leve quien se dirija "a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad".

Protección a las víctimas de trata y explotación sexual

Otros puntos incluidos por la ley es la protección de las víctimas de trata y explotación sexual bajo la premisa "todas las violencias, todas las mujeres" y la actuación contra los proxenetas al permitir perseguir a quienes de manera habitual y con ánimo de lucro, destinen cualquier establecimiento o espacio público o privado para la explotación sexual de terceras personas.

También incluye la ley medidas para proteger a las víctimas durante el juicio y recursos para las mujeres que hayan sufrido violencia sexual aunque no denuncien, como centros de crisis 24 horas.

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