El fiscal Valentín Ruiz, que ha pedido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que revoque la clasificación del tercer grado de Juana Rivas, ha argumentado que su concesión con "premura y rapidez" crea "sensación de impunidad" tanto para la condenada como para la sociedad en general.
En un recurso de trece páginas, al que ha tenido acceso Efe, el representante del Ministerio Fiscal solicita al juzgado que acuerde clasificar a esta vecina de Maracena (Granada), condenada en firme a dos años y medio de prisión por no haber entregado sus hijos al padre en el verano de 2017, en segundo grado inicial penitenciario.
El fiscal considera que la resolución por la que se concedió a Rivas el tercer grado, que le permite cumplir condena en su casa con control telemático, "no es ajustada a derecho".
Entre otros argumentos, señala que no puede dejar de tenerse en cuenta la duración de la pena y que, en este caso, la condenada solo haya ingresado en un centro penitenciario abierto, como es de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada, cuatro días, "algo tan inusual frente a los dos años y seis meses de condena que se le han impuesto", indica.
A su juicio, la clasificación directa en tercer grado de Rivas, a propuesta del CIS, resulta "incompatible" con la necesaria realización de los fines retributivos y de prevención general y especial de la pena, y tampoco se ha producido una evolución en el tratamiento legalmente exigida para acordarlo.
El fiscal señala que, aunque Rivas manifestó a la psicóloga que asumía su responsabilidad y al educador que reconocía los hechos (sentenciados) y que se arrepentía, en ningún momento ha reconocido o admitido haber cometido un delito, ni manifiesta "conciencia alguna" del daño causado a las víctimas, que en este caso no solo son sus hijos propios sino también el padre, su expareja Francesco Arcuri.
Para Ruiz, vista esta "poca empatía" que tiene hacia las víctimas, el pago de la indemnización al padre pudo además ser "un instrumento más" de Rivas, "utilitarista o funcional", del que se ha aprovechado no para resarcir en conciencia a las víctimas, sino para cumplir los requisitos necesarios para ingresar en un CIS y evitar su entrada en una prisión convencional.
Por ello, el fiscal cree que Rivas manifestó un arrepentimiento que "debe ponerse en duda o cuarentena", dado que no es muestra alguna de un "verdadero y real" arrepentimiento y asunción del delito cometido y de sus consecuencias.