El Govern de la Generalidad ha conseguido que el Consejo de Garantías Estatutarias emita un dictamen favorable al decreto del Fondo Complementario de Riesgos elaborado para avalar a los líderes golpistas ante el Tribunal de Cuentas, pero dicho organismo advierte de que el Institut Català de Finances (ICF) no es el instrumento adecuado para la maniobra.
En el último día de plazo, el Consejo, cuyas apreciaciones son de carácter meramente consultivo, ha dado su visto bueno al decreto improvisado por la Generalidad para evitar que los líderes del llamado procés asumieran con sus propiedades la fianza de 5,4 millones de euros que demanda el Tribunal de Cuentas por la internacionalización del golpe de Estado separatista.
Además, la resolución se ha adoptado por unanimidad, pero el informe recomienda modificar el artículo que atribuye al referido ICF (una entidad de la Generalidad destinada a conseguir créditos para medianas y pequeñas empresas y autónomos en dificultades) el papel de avalador temporal. Además, pide que se especifique durante cuento tiempo habría de asumir ese papel el ICF y asegura que ese papel tendría que ser "excepcional y muy limitado en el tiempo".
De hecho, la primera opción del Govern fue intentar que una entidad financiera privada asumiera la cobertura de diez millones de euros que establece el decreto, pero todos los bancos contactados se negaron aduciendo entre otros factores serias dudas sobre la legalidad del propósito de la Generalidad.
Ante la negativa de las principales entidades financieras, la Generalidad decidió recurrir a su propio "banco", el ICO catalán. Esa maniobra es la que está en cuestión y la que indujo al propio Tribunal de Cuentas a pedir un informe a la Abogacía del Estado con la pregunta de si la administración afectada por la supuesta malversación puede cubrir las fianzas por dicha malversación.
La Generalidad continúa sondeando el mercado bancario en busca de una entidad que asuma la cobertura porque, tal como ha reconocido el consejero de Economía Jaume Giró (exdirectivo del ramo) el recurso al ICF es temporal y se requiere que un banco avale las fianzas de los 34 exdirigentes políticos y altos cargos encausados en el órgano fiscalizador por posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave.
El gobierno catalán difunde que la resolución del Consejo de Garantías Estatutarias es un espaldarazo a sus tesis, pero los matices introducidos en el dictamen respecto al ICF abundan en las dudas del Tribunal de Cuentas sobre la legalidad de la operación.
Aprobación parlamentaria
El Parlament aprobó el decreto ley con los votos separatistas tras tener constancia del dictamen favorable del Consejo de Garantías. El pleno no se reanudó hasta que dicho organismo dio publicidad al resultado de sus deliberaciones, pasadas las seis de la tarde. El pleno estaba previsto para las cuatro, pero los grupos separatistas querían exhibir el documento del Consejo para sustentar su voto. Vox, Ciudadanos y el PP votaron en contra. El PSC decidió abstenerse, así como los podemitas.