Las nuevas notificaciones del juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza ponen de manifiesto contradicciones internas entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores acerca del control al que deben someterse los pasajeros procedentes de países que no pertenecen a la Unión Europea cuando llegan a España y poder permanecer en ella.
Según Defensa, había instrucciones precisas que regulan dicho control y fueron desatendidas por orden del propio ministerio de Defensa. Pero, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, no cumplir las instrucciones dictadas por Defensa en el caso de Brahim Ghali era una "práctica establecida" y se ajustaba en todo a la legalidad vigente. Tal hecho, unido a otros, ha motivado que la acusación particular haya decidido solicitar la imputación de los dos interlocutores ministeriales.
Los interlocutores son muy altas autoridades de ambos ministerios. En el caso del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC), se trata de Camilo Villarino Marzo, ex director de gabinete de los ex ministros del ramo, Alfonso Dastis (PP), José Borrell (PSOE) y Arancha González Laya.
El correspondiente al Ministerio de Defensa es el teniente general Francisco Javier Fernández Sánchez, segundo Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire que tiene entre sus funciones ejercer "como Autoridad Nacional de Supervisión Militar (NSA) para la implantación de los reglamentos de Cielo Único Europeo."
Recuérdese que el General de Brigada ex Jefe de la Base Aérea de Zaragoza, José Luis Ortiz Cañavate, con fecha 22 de junio de 2021, informó al juez instructor sin lugar a duda alguna que "la base aérea de Zaragoza, dispone de un Procedimiento Operativo por el cual los pasajeros de aeronaves extranjeras que aterricen en ella procedentes de países fuera de la zona Schenguen deben pasar control de pasaportes, acción que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del aeropuerto civil.
Y añadía: "Esta normativa está basada en una Instrucción General del estado mayor del Ejército del Aire. En este caso no se siguió el procedimiento habitual debido a la orden recibida del Estado Mayor del Ejército del Aire".
Sin embargo, la persona encargada en el Ejército del Aire que intervino en las comunicaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, el teniente general Francisco Javier Fernández Sánchez, consideró posible y correcto ignorar tales instrucciones y ordenó que así se hiciera según la declaración textual arriba señalada.
De hecho, el mismo general Ortiz afirma, como aparece claramente en su testimonio escrito, que recibió una orden en tal sentido por parte del Estado Mayor del Ejército del Aire, esto es, del Teniente General Fernández Sánchez, para que en el caso de Brahim Ghali no se siguiera el procedimiento habitual contenido en la instrucción general del Estado Mayor del Ejército del Aire.
Suspensión de instrucciones de Defensa
Según la respuesta de Fernández Sánchez al Juzgado de Zaragoza debe deducirse que, entre las competencias que tiene en asuntos relacionados con vuelos de Estado, como era el caso, así como vuelos internacionales en los que se gestionan las cuestiones técnicas relacionadas con múltiples vuelos de Estado que se coordinan con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, está la de suspender en casos determinados la aplicación de las instrucciones que emanan del propio Ministerio de Defensa.
Su interlocutor en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Ministerio de Defensa, Camilo Villarino Marzo, contactó con él por vía telefónica y WhatsApp el día 18 de abril. Las conversaciones por este último medio fueron omitidas por Villarinos en su declaración pero fueron mencionadas por el teniente general Fernández Sánchez en la suya, motivo por el cual el juez Lasala las ha reclamado.
Dice textualmente Villarinos: "En el curso de las comunicaciones, relativas a la llegada del avión objeto de interés, a lo largo del día 18 de abril entre quien subscribe y el entonces General Segundo Jefe del Estado Mayor del Aire, D. Francisco Javier Fernández Sánchez, éste preguntó sobre las 17:30 horas si queríamos (MAUC, siglas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) que se hiciera trámite de aduanas o inmigración. Quien suscribe le contestó que no era preciso, siendo esta respuesta perfectamente coherente tanto con la práctica establecida como con la legislación vigente aplicable."
Por tanto, según Villarinos, fue el jefe del Estado Mayor del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez quien insinuó la posibilidad de incumplir las instrucciones vigentes en la Base Aérea de Zaragoza y de hecho se lo preguntó abiertamente.
El citado exdirector de Gabinete de la ex ministra González Laya le respondió que no le parecía preciso que se hiciera el trámite de aduanas o inmigración que consta en las instrucciones del Ministerio de Defensa que tenía que cumplir el general jefe de la base aérea de Zaragoza, al que se le ordenó que no las cumpliera según su propio testimonio.
Es más, consideró que ignorar tales instrucciones vigentes eran algo que forma parte de la práctica "establecida" y se ajusta a la legislación vigente, que era la que debía haberse aplicado hasta que se ordenó que se incumpliera.
Por este motivo y otros, como no haber aportado el contenido de las conversaciones vía WhatsApp entre ambos y por no mencionar en sus testimonios por escrito en ningún momento a la persona de Brahim Ghali, algo bien extraño, la acusación que ejerce el abogado malagueño Antonio Urdiales ha decidido solicitar al juez de instrucción que lleva el caso que tome declaración a ambos, Villarinos y Fernández Sánchez, en calidad de investigados.