El abogado del Estado en el Tribunal de Cuentas elude pronunciarse sobre la legalidad de los avales de los golpistas aportados por el "Institut Català de Finances", dependiente de la Generalidad. La instructora del procedimiento relativo a los gastos de fondos públicos para internacionalizar el proceso separatista solicitó al abogado jefe en el Tribunal un informe sobre la cuestión cuya cuestión de fondo era si "nuestro sistema de responsabilidad contable permite que sea, directa o indirectamente, la propia entidad perjudicada, en este caso la Comunidad Autónoma de Cataluña, que representa a todos los integrantes del pueblo de Cataluña, la que garantice con dinero público la posible responsabilidad contable" de políticos y altos cargos de la Generalidad.
El responsable de la Abogacía del Estado en el órgano fiscal, Rafael García Montyes, ha decidido elevar la pregunta a la cúpula de la Abogacía del Estado, dirigida por Consuelo Castro, aduciendo un "conflicto de intereses", informa El Independiente. Sostiene García Montyes que se trata de un asunto de "gran complejidad jurídica por tener una especial trascendencia social, por afectar a un elevado número de interesados y por su especial interés general, así como por su relevancia jurídica y pública, se ha suscitado una duda sobre la capacidad de esta Abogacía para su emisión por la posible existencia de un conflicto de intereses entre la condición de parte en las Actuaciones Previas y las funciones de asesoramiento jurídica que se interesan".
Con la Abogacía empezó todo
El jurista apunta también que "el inicio del procedimiento fue consecuencia de un informe emitido por esta Abogacía del Estado en el que, como en el caso del emitido por el Ministerio Fiscal, se ponían de manifiesto una serie de hechos contenidos en un informe de fiscalización del Pleno del Tribunal de Cuentas que por su contenido y efectos podrían constituir supuestos de responsabilidad contable, que pudieran dar lugar a un procedimiento jurisdiccional de reintegro por alcance".
De ese modo, se pregunta "si es posible ejercer la función consultiva en relación con cuestiones que se suscitan en procedimientos, en este caso no jurisdiccionales (pues se trata de la fase de instrucción previa a la vía jurisdiccional), en los que la Abogacía del Estado interviene como parte, habiendo evacuado trámites en los que ha promovido la actuación del Tribunal de Cuentas para investigar la existencia de posibles responsabilidades contables. Y al mismo tiempo se responde que "la posición como parte en el procedimiento que da lugar a la solicitud del informe podría afectar directamente a la necesaria objetividad e imparcialidad que ha de regir la función consultiva. Además, como consecuencia de lo anterior, la emisión del informe podría afectar a la posición de esta Abogacía en el procedimiento en trámite, condicionando el resto de su actuación".
En resumen, que se quita de en medio y le pasa el "marrón" a su superiora en los siguiente términos: "Esta Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas somete a esa Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado la consulta sobre si en el presente caso es posible ejercer la función consultiva prevista en el artículo 20.3 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas al existir un posible conflicto de intereses por ser también parte en el procedimiento en cuyo marco se ha planteado la petición de informe".
Una fianza de 5,4 millones
Como se recordará, el Tribunal de Cuentas exige a 34 líderes del proceso separatista (Mas, Puigdemont, Junqueras y Romeva entre otros) una fianza de 5,4 millones de euros por los gastos en la difusión en el exterior del proceso separatista, así como por los pagos e invitaciones a políticos y académicos extranjeros para que se pronunciaran a favor de la independencia de Cataluña y en contra de la unidad de España.
Para evitar que los encausados afrontaran con sus propiedades el aval de la fianza, el gobierno catalán se sacó de la manga un decreto ley de "Fondo complementario de riesgos" dotado con diez millones de euros. Pero como no encontró ninguna entidad financiera que quisiera asumir esa cantidad y participar en el enjuague, recurrió al "Institut Català de Finances" (ICF), un organismo público dependiente de la Generalidad y cuya función hasta ahora había sido la de gestionar créditos para pequeñas y medianas empresas y autónomos.
La decisión del Govern provocó la dimisión de tres consejeros independientes del ICF y que los otros tres votaran en contra, pero la maniobra salió adelante con los votos de tres consejeros de los partidos separatistas y el presidente de la entidad, también nombrado por ERC. En ese punto fue cuando el Tribunal de Cuentas hizo la consulta al abogado jefe.