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La separatista Vilagrà tacha de "primitivos" los estatutos de otras autonomías

Afirma que la relación bilateral entre la Generalidad y el Gobierno "no es un trato de favor, sino un trato justo".

Afirma que la relación bilateral entre la Generalidad y el Gobierno "no es un trato de favor, sino un trato justo".
La consejera de Presidencia de la Generalidad de Cataluña, Laura Vilagrà. | Europa Press

La consejera de Presidencia de la Generalidad de Cataluña, Laura Vilagrà, de ERC, ha tratado de salir al paso de las críticas sobre la relación bilateral entre el Gobierno y el Govern y lo ha hecho con un arrebato de supremacismo institucional. Según Vilagrà, si Madrid u otras comunidades no tienen una relación directa con el Gobierno "es porque tienen un Estatuto más antiguo, primitivo o no lo han luchado".

En el parecer de Laura Vilagrà, las negociaciones de igual a igual entre el Gobierno de Sánchez y la Generalidad de Aragonès son fruto de las disposiciones recogidas en el último Estatut de Autonomía de Cataluña (contra el que ERC hizo campaña por considerarlo poco ambicioso). Así, la relación bilateral "no es un trato de favor, sino que es un trato justo a raíz de una ley orgánica, que es el Estatut". Y no sólo eso sino que además "está muy clara y está votada por la ciudadanía".

Vilagrà ha hecho estas declaraciones en una entrevista para la agencia Europa Press que ha aprovechado para insistir en el traspaso de las 56 competencias que según la Generalidad están pendientes y agendadas. La consejera catalana ha vuelto a mostrar su insatisfacción por la reunión de la comisión bilateral celebrada el pasado lunes porque no se materializaron los traspasos ni se habló de la gestión de los fondos europeos Next Generation. "Como Govern, lo que queremos es conseguir lo que es nuestro. Queremos todos estos traspasos y los queremos rápido", ha dicho Vilagrà. Entre los traspasos, Vilagrà ha incluido la titularidad y gestión de los aeropuertos y la red de cercanías de Renfe. También ha reclamado "hasta el último euro" de la partida inferida de la disposición adicional tercera del Estatut, una cláusula que aboga por una inversión estatal en infraestructuras en Cataluña vinculada al peso del PIB de Cataluña en el conjunto de España.

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