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El juez García Castellón procesa a 13 miembros de los CDR por pertenencia a organización terrorista

Según el auto, los investigados habían "conformado una organización terrorista paralela, cuyo objetivo sería llevar a cabo atentados".

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Según el auto, los investigados habían "conformado una organización terrorista paralela, cuyo objetivo sería llevar a cabo atentados".
Protesta de los CDR en Girona por el tercer aniversario del 1-O. | Europa Press

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha procesado por pertenencia a organización terrorista a los 13 miembros de los Comités de Defensa de la República CDR vinculados con la denominada "Operación Judas". Dicho operativo practicado en septiembre de 2019. Nueve de los CDR son procesados además por tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.

En su auto de procesamiento, el magistrado considera que este grupo formaba dentro de los CDR el denominado Equipo de Respuesta Táctica ERT, una célula integrada por los investigados conformada por un grupo reducido de individuos de diferentes CDR, que "evidencian una gran radicalidad".

Los investigados, todos ellos, dice el instructor, comparten principios ideológicos favorables a la independencia y el activismo radical para conseguirla; su objetivo final como organización, era conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España.

Planes para la ocupación del 'Parlament'

Según el auto, los miembros del ERT han tenido participación activa en la materialización de algunas de las acciones más contundentes que han llevado a cabo los CDR hasta la fecha (cortes de carretera, vertido de aceite la calzada de la C-55 en un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba los presos desde el Centro Penitenciario de Lledoners, levantamiento de las barreras de los peajes, etc.).

Los investigados, como miembros del ERT, continúa el escrito, participaron en la creación y desarrollo de los CECOR (centro de coordinación) para las acciones de los CDR, asumiendo el encargo recibido de un denominado "CNI Catalán" para que aportasen la infraestructura logística necesaria con el objeto de acometer una acción en la que se pretendía ocupar el Parlamento de Cataluña y defenderlo posteriormente.

Como detalles acreditados del citado plan, explica la resolución, la ocupación se realizaría por la puerta principal del Parlamento ya que, supuestamente, se les facilitaría el acceso desde el interior. Junto a un reducido grupo de personas, cooperarían con el tal grupo denominado "CNI", y se encargarían del alquiler de inmuebles y locales que les proporcionasen seguridad y el establecimiento de bases de "intendencia", para permanecer en el interior del edificio al menos una semana, montando antenas de larga distancia para mantener las comunicaciones, todo ello bajo un presupuesto estimado en 6.000 euros.

Constituyeron una organización terrorista

El magistrado señala que los investigados, como miembros del ERT, "habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares".

El Juzgado de Instrucción 6 relaciona los objetivos de los que se han obtenido evidencias en distintos soportes de imagen sobre los que el grupo pretendía perpetrar algún tipo de acción o atentado, entre ellos, la Comandancia Naval de Barcelona, Gobierno Militar de Barcelona, la Delegación de Gobierno de Barcelona, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia de Barcelona, miembros, vehículos e instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, torres de alta tensión, instalaciones en autopistas, peajes o el Parlamento de Cataluña.

Además de los anteriores objetivos, sostiene la resolución, Jordi Ros Solá habría realizado diferentes búsquedas en Internet a través de sus dispositivos, de datos relativos a personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y de un agente del cuerpo de Mossos d’Esquadra.

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