Esquerra Republicana, habitual aliado del Gobierno en el Congreso, ha presentado una enmienda de totalidad a la Ley de Memoria Democrática por considerar que la norma que busca ampliar la norma vigente desde 2007 es manifiestamente insuficiente y ha presentado un texto alternativo para que sea el que se tramite. El gesto se produce en la misma semana en que se celebró la denominada ‘mesa de diálogo’ con Aragonés y Sánchez a la cabeza.
El grupo que ahora capitanea Gabriel Rufián, ya votó en contra entonces de la ley auspiciada por Zapatero y ahora tampoco les convence la norma redactada bajo mandato de la exvipresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo.
Lluvia de indemnizaciones
En su texto alternativo, al que ha tenido acceso Europa Press, ERC plantea reconocer a "cualquier perjuicio económico o patrimonial sufrido por personas físicas o jurídicas" y el derecho a su "reparación".
Así, abogan por obligar al Gobierno a "restituir los bienes inmuebles, dinero y otros valores, bienes muebles y archivos documentales, requisados a las personas físicas o jurídicas, entidades o instituciones, a cuyo favor se reconozca la reparación, o a sus familiares", ya sea mediante la devolución del bien o compensando su valor económico en la actualidad.
También cuantifican en 135.000 la indemnización que quieren que se pague a las personas beneficiarias de quienes "fallecieron o desaparecieron por la represión franquista, a manos de funcionarios del Estado u organizaciones paramilitares, hasta el 27 de diciembre de 1978".
Además, da un año al Gobierno para presentar un estudio sobre la represión contra las "personas y colectivos que lucharon por los valores democráticos y los derechos nacionales, entre los años 1975 y 1982, perpetrada por funcionarios el Estado y organizaciones paramilitares" y que después estudie hacerles homenajes y posibles vías de reparación.
La ley también obligaría a la celebración de homenajes a personas que fueron "perseguidas por destacarse en la lucha democrática a favor de un Estado descentralizado y de la afirmación nacional de sus territorios", así como a otros colectivos como los fusilados, presos, exiliados o las mujeres por su especificidad como víctimas de la represión.
ERC demanda, asimismo, reconocer jurídica y moralmente la "lucha por la democracia" de los 'maquis' y de todas las personas que formaron parte de organizaciones y guerrillas antifranquistas, con indemnizaciones económicas incluidas. Para los brigadistas internacionales reclama distinciones oficiales.
El texto de los independentistas persigue reconocer por ley a la II República como "un Estado democrático y de derecho, precursor del presente sistema político", así como reconocer "sus leyes y símbolos como propios e históricos", y dejar claro que lo que ocurrió el 18 de julio de 1936 fue una sublevación de parte de "un grupo de oficiales, jefes y generales del ejército contra sus manos y el Gobierno de la República".
Además, incluyen un artículo para que, "en virtud de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad, el Gobierno dé "apoyo económico y jurídico a las reclamaciones que por este motivo formulen ciudadanos, entidades o instituciones por los delitos cometidos durante la dictadura franquista".
La ley que defienden los republicanos también contempla declarar ilegales los tribunales creados durante la Guerra Civil para imponer condenas por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, así como todas su resoluciones, en especial las sentencias de los consejos de guerra, del Tribunal de Orden Público, entre otros.
En el caso del fusilado presidente de la Generalidad Lluis Companys, la norma prevé que el presidente del Gobierno entregue la certificación correspondiente de nulidad al presidente catalán.
ERC propone la aprobación de "sentencias de nulidad" por parte de tribunales militares, la Audiencia Nacional y los tribunales superiores de Justicia y otorgar derecho a pedirlas a los afectados, sus familiares o las administraciones públicas si los represaliados habían desempeñado una actividad o cargo relevante en las mismas.
El texto incluye otro artículo para que en un año las administraciones invaliden todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de adeptos al régimen, así como de condecoraciones concedidas por "hechos de colaboración con el franquismo" o vulneración de los derechos fundamentales.
Las enmiendas de Vox y PP
Por todo ello, ERC pide la devolución del texto al Gobierno, algo que también han hecho Vox y el PP, aunque por motivos diametralmente opuestos.
En su enmienda, Vox señala que el proyecto del Gobierno es una ley "totalitaria" que "impone una versión sectaria y distorsionada de la Historia y "divide a los españoles -tanto a los de 1936 como a los de 2021- en buenos y malos".
También alega que esta norma alienta "un espíritu revanchista que suprime el de magnanimidad y perdón recíproco que presidió la Transición" y que, además, "pone en peligro derechos fundamentales , como las libertades de pensamiento, expresión, asociación, educación y religiosa".
El presidente del PP, Pablo Casado, ya había anunciado también su intención de derogar la Ley de Memoria si llega al Gobierno y de sustituirla por una Ley de Concordia que, al parecer, ya tiene redactada, pero que no ha presentado como texto alternativo.
El primer partido de la oposición ha registrado también enmienda de totalidad para que el Congreso no tramite la ley del Gobierno de Pedro Sánchez. Los populares justifican su decisión en que se trata de una norma "innecesaria" y guiada por "un espíritu de confrontación entre españoles".