El expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, creyó que la inmunidad como eurodiputado le protegía en todo el territorio europeo. Con el aval de su acreditación como parlamentario se había movido con absoluta libertad por el sur de Francia. Protagonizó mítines y toda clase de actos políticos en territorio francés e incluso cuando el Parlamento Europeo le suspendió la inmunidad siguió haciendo "vida normal". Bélgica era su santuario. Allí era intocable. Las autoridades judiciales y políticas belgas le protegían de igual modo que habían protegido a sanguinarios etarras.
Pero algo se truncó este 23 de septiembre. El prófugo, líder de Junts per Catalunya (JxCat) había comprometido su presencia en unas jornadas folclóricas en la isla italiana de Cerdeña, en el Alguer, un enclave donde se habla catalán. Allí estaba la presidenta del parlamento catalán, Laura Borràs, y la consejera de Relaciones Exteriores, Victòria Alsina, ambas de su partido. Puigdemont tenía previsto reunirse con ellas y ser la gran estrella de las jornadas folclóricas organizadas por la entidad Adifolk, pero policías italianos de paisano truncaron sus planes nada más poner pie en tierra.
El entorno de Puigdemont confía en que la detención sea producto de un exceso de celo de las autoridades italianas y que ni siquiera llegue a ingresar en prisión. Cuando fue detenido en Alemania, el 25 de marzo de 2018, el expresidente que proclamó la república catalana acabó en la prisión del condado de Schleswig-Holstein, pero sólo por un breve periodo de tiempo. El 4 de abril era liberado y regresaba a su búnker de Waterloo.
Sus afines confían en que ni siquiera ingrese en prisión ahora, aunque podría tener que afrontar un proceso similar al de Alemania, en el que tres jueces determinaron que la euroorden dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no era pertinente, dadas las diferencias relativas al delito de rebelión entre el Código Penal español y el alemán. A estas horas es una absoluta incógnita qué pueden decidir las autoridades judiciales italianas en relación al prófugo español.
Su detención dinamita la mesa de diálogo entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès y afecta de pleno al curso de la legislatura. El arresto en Alemania provocó graves incidentes en Cataluña y dio alas electorales al prófugo. Ahora, con los golpistas en la calle, y a una semana del cuarto aniversario del referéndum ilegal del 1-O, la captura del líder golpista causa una profunda conmoción en el separatismo que tendrá repercusiones en la calle, en la Generalidad y en el Gobierno.
Posibles repercusiones
El arresto de Puigdemont endurecerá la posición de su partido en relación a la mesa de diálogo y condicionará la estrategia de ERC. Es de suponer que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium aprovecharán la circunstancia para engordar los actos que tenían previstos para conmemorar el cuarto aniversario del referéndum ilegal del 1-O y la huelga del 3-O. La Diada fue un fracaso, aunque el independentismo vendió que la participación había sido un éxito. La detención aportará un plus en las llamadas a la movilización del separatismo "unilateralista" contrario a la negociación con el Gobierno y puede arrastrar a ERC fuera de la mesa de diálogo.
Puigdemont engrandecerá su perfil irredento frente al "pactista" Oriol Junqueras y su "títere" Aragonès. Es muy probable también que el Gobierno recupere el proyecto de reforma del delito de sedición en el Código Penal para que una posible extradición de Puigdemont conlleve que sea juzgado al amparo de unas penas más livianas que reduzcan sensiblemente su hipotética estancia en prisión en España.
La situación legal de Puigdemont es sumamente vidriosa. En teoría, goza de inmunidad como eurodiputado, pero nunca ha decaído la orden de detención y extradición del Tribunal Supremo. Lo más previsible es que a partir de ahora se abra una larga y abrupta batalla legal en la que será de crucial importancia la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Si el Gobierno no muestra interés en la extradición es muy probable que ocurra como en la anterior detención, cuando los jueces alemanes convinieron que no era pertinente el traslado de Puigdemont a España y lo dejaron en libertad.
Presupuestos y adelanto electoral
De momento, la oficina de Puigdemont asegura que el prófugo pasará a disposición judicial el viernes por la mañana y que está asistido por el letrado Gonzalo Boye y un despacho italiano de abogados. Su abogado ha asegurado que el expresidente está tranquilo tras su detención y ha dicho que esta actuación le parece "bastante estúpida".
En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, Boye ha asegurado que el Tribunal Supremo "se equivoca una vez más", y ha augurado que la alegría de los que celebran la detención les durará poco.
"Se está poniendo en riesgo la cooperación jurídica del Estado español con el resto de países europeos", ha advertido Boye, que ha recordado que el expresidente catalán había viajado la semana pasada a París y no fue detenido.
El prófugo tenía previsto quedarse hasta el domingo en Alguer y reunirse con las autoridades más representativas de la localidad para agradecerles su teórico apoyo a la causa separatista.
Su detención modifica por completo el panorama político y no sólo en Cataluña. Será difícil que ERC pueda apoyar los Presupuestos Generales del Estado en medio de un incremento del ruido separatista por la situación procesal de Puigdemont, que ahora, con el resto de golpistas indultados, vuelve a ser el gran símbolo del independentismo catalán.
No es en absoluto descartable que su partido, JxCat, precipite un adelanto electoral con la excusa del veto a la participación de indultados en la mesa de diálogo. La ruptura se podría hacer efectiva en los próximos meses, aunque los comicios deberían esperar a después del 14 de febrero.
Puigdemont se había convertido en los últimos tiempos en un elemento excéntrico de valor residual en la política catalana. Trataba de sacar cabeza con iniciativas como el Consell per la República, pero la actividad política seguía orbitando en torno a ERC. Es una incógnita lo que puede ocurrir a partir de ahora en Cataluña y en el resto de España. De entrada hay que esperar a las decisiones de las autoridades judiciales italianas, en cuyas manos está el futuro de la legislatura en España.
Primeras reacciones
El actual presidente de la Generalidad, el republicano Pere Aragonès, ha reaccionado a través de Twitter con un mensaje en el que aboga por la amnistía y la autodeterminación. "Ante la persecución y la represión judicial, la más enérgica condena. La amnistía es el único camino, la autodeterminación, la única solución. A tu lado, presidente Puigdemont", ha tuiteado el dirigente republicano.
La consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalidad, Victòria Alsina, ha asegurado que la detención del expresidente es "irregular porque la euroorden está suspendida".
En declaraciones a TV3, recogidas por Europa Press, ha explicado que actualmente se encuentra en Roma y que estaba previsto que este jueves se encontrara con Puigdemont en L'Alguer (Cerdeña), y ha dicho que trabaja para "acelerar al máximo" su puesta en libertad.
La presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, ha considerado que la detención de Puigdemont es una "operación orquestada" por el Estado, y ha confiado en que, una vez pase a disposición juidicial, lo pongan en libertad.
"España ha fallado a su palabra ante un tribunal europeo, y veremos si se repite el caso de Alemania. Puigdemont es una persona libre que puede circular por Europa de forma libre", ha sostenido en declaraciones en TV3.
También han reaccionado el presidente del PP, Pablo Casado, y el de Vox, Santiago Abascal. El primero ha dicho que "Puigdemont debe ser juzgado en España por su golpe a la legalidad constitucional, y Sánchez debe comprometerse a respetar la sentencia de la Justicia sin indultos a cambio de permanecer en el poder". El líder de Vox, por su parte, ha declarado que "este golpista renegado ha hecho mucho daño a España, especialmente a Cataluña. Espero que la justicia le siente en el banquillo y condene sus crímenes antes de que el gobierno le vuelva a poner en la calle". El Gobierno guardaba silencio pasada la medianoche.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha celebrado la detención de Puigdemont. "Es una buena noticia para todos los demócratas", ha asegurado en su perfil de Twitter, que ha reaccionado a la noticia "a la espera de conocer los detalles". "Espero que pueda ser trasladado a España y responder por sus acciones. Nadie debe tener impunidad ni estar por encima de la ley", ha asegurado.
Posteriormente, en declaraciones a Trece, Arrimadas ha pedido al Ejecutivo que "no interfiera en este procedimiento, ni en ningún otro". "Que respeten el proceso. Que si viene a España que se le juzgue, que no lo indulten si es condenado ni se les ocurra rebajar la pena del delito de sedición del Código Penal, que es lo que quieren hacer", ha denunciado.
El Gobierno considera que la detención obedece a un procedimiento judicial en curso, y como cualquier otro ciudadano europeo debe someterse a la acción de la Justicia.
Moncloa ha hecho público un comunicado esta madrugada en el que recalca que esa acción es consecuencia del procedimiento judicial abierto "que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder de sus actos ante los tribunales".