Los rectores de las universidades públicas catalanas funcionan al unísono en materia de política lingüística. La Consejería de Investigación y Universidades, la posconvergente Gemma Geis, manda y ellos obedecen. Así, la orden de controlar y señalar a los profesores que imparten sus clases en español o que utilizan indistintamente el español y el catalán se sigue a rajatabla en todos los centros públicos. Sin fisuras.
Es más, en la Universidad de Lérida han dado un paso al frente. Hay buzones para las quejas de los estudiantes y está en estudio la instalación de un buzón para las quejas relacionadas con los profesores que imparten las clases en español, según ha reconocido la propia universidad a El Mundo.
Todas las universidades públicas no sólo asumen el mandato de la consejería de elaborar listas con los profesores que utilizan el español sino que tal actividad ya se llevaba a cabo antes de la orden. Las autoridades académicas arguyen que lo que intentan evitar es que haya clases en las que se consigne el catalán como lengua docente y que después se cambie al español por la petición de algún alumno o alumnos venidos de fuera de la región.
Que los rectores están en sintonía con las tesis separatistas más estrictas se comprueba por el contenido, tono y temática de sus comunicados conjuntos. El pasado 24 de septiembre, la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) emitía una nota en la que pedía la puesta en libertad de Puigdemont, que pocas horas antes había sido detenido en Cerdeña. "Como universidades del sistema público tenemos el compromiso, recogido en nuestros estatutos y en nuestra tradición histórica, de velar por los valores democráticos, los derechos fundamentales y las libertades públicas que caracterizan el espacio europeo al que pertenecemos", apuntaba una nota en la que también se abogaba por "la deliberación y el diálogo como herramienta para la resolución de los conflictos políticos".
Apoyo a la ANC
Un par de semanas antes, los mismos rectores mostraban su apoyo a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) con ocasión de la fiesta regional, la Diada del 11 de septiembre. Y a finales de marzo de este año los rectores Joan Guàrdia (UB), Javier Lafuente (Universidad Autónoma de Barcelona), Francesc Torres (Universidad Politécnica de Cataluña), Jaume Casals (Universidad Pompeu Fabra), Quim Salvi (Universidad de Gerona), Jaume Puy (Universidad de Lérida), María José Figueras (Universidad Rovira i Virgili), Josep A. Planell (Universidad Abierta de Cataluña, de gestión privada) y Josep Eladi Baños (Universidad de Vich, de gestión privada) suscribían un manifiesto en el que exigían el indulto para los golpistas, a los que calificaban de "presos políticos".
Con estos antecedentes no es de extrañar que en la última nota emitida por la UAB en relación al ataque separatista a estudiantes constitucionalistas de S'ha Acabat! ni se mencione el ataque, ni que el ataque fue llevado a cabo por elementos separatistas y de extrema izquierda y que las víctimas fueron miembros de S'ha Acabat!.
Tampoco sorprende el celo lingüístico en contra del idioma español. A modo de ejemplo, la profesora universitaria que se vio obligada a dimitir de su cargo por un tuit en el que instaba a la violencia durante el pasado 11 de septiembre, Núria Pla, era la vicerrectora de Calidad y Política Lingüística de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). "Ganas de fuego, de contenedores quemados y de aeropuerto colapsado", decía su mensaje.