La sección cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de Vox y PP contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por "falta de legitimación" activa de los dos partidos políticos, tal y como publicó ayer Libertad Digital.
Fuentes jurídicas consultadas por LD apuntan que dos de los siete magistrados que han formado el tribunal, han votado en contra de esa decisión y han anunciado que emitirán voto particular. Concretamente, José Luis Requero y Antonio Jesús Fonseca-Herrero. La sentencia íntegra se conocerá en los próximos días.
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha realizado su deliberación en apenas hora y media tras el recurso presentado por ambas formaciones que cuestionaba la "idoneidad" de Delgado como fiscal general tras haber sido ministra de Justicia con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Tal y como adelantó este diario, los 6 magistrados de la sección cuarta a los que se ha unido el propio presidente de la Sala Tercera, César Tolosa, debían decidir en primer lugar si Vox y PP están "legitimados" como partidos políticos para recurrir el nombramiento de una fiscal general del Estado. Finalmente, los magistrados han concluido que no están legitimados, desestimando directamente el recurso sin entrar en el fondo del asunto y, por tanto, sin estudiar siquiera su "idoneidad".
La ponencia de la sentencia está a cargo de la magistrada Pilar Teso del denominado sector progresista y que fue la candidata favorita del PSOE para convertirse en la nueva presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en sustitución de Carlos Lesmes. También forman parte de esta sección los magistrados Celsa Pico, Luis María Díez Picazo, los ya citados Antonio Jesús Fonseca-Herrero, José Luis Requero, y Pablo Lucas, que suena como posible magistrado del Tribunal Constitucional también a propuesta de los socialistas.
Las fuentes jurídicas consultadas destacaban a LD que el nombramiento de Delgado no había sido recurrido por ninguna asociación de fiscales o jueces y, por tanto, que no era equiparable al caso de Eligio Hernández.
Recordamos que en 1994, el Pleno de la Sala Tercera del Supremo declaró ilegal el nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general, al entender que los 7 años en los que desempeñó cargos dependientes del Ejecutivo no constituyeron un ejercicio efectivo de su profesión de jurista. En esa ocasión, los recurrentes fueron asociaciones de jueces y fiscales. Concretamente, la Unión Judicial Independiente (UJI), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF). En el caso de Delgado, han recurrido dos formaciones políticas, Vox y PP.
El recurso de Vox contra Delgado
El recurso de Vox elaborado por la diputada Macarena Olona denunciaba que la fiscal general "ha sido la única ministra del Gobierno que ha sido reprobada tres veces, dos en el Congreso de los Diputados y una en el Senado, todas ellas en el año 2018".
El partido fundamentaba su recurso en que el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el nombramiento de Delgado "no puede considerarse válido al no cumplir el trámite preceptivo que imponen el artículo 124.4 de la Constitución Española y el artículo 29.1 de la Ley 50/1981, 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal", ya que "expresamente se ha excluido del juicio de los vocales del Consejo el requisito subjetivo, el atinente a tratarse de una jurista de reconocido prestigio, pues, sobre dicho requisito, pivota el juicio de idoneidad".
Por ello, Vox solicitaba la nulidad del acuerdo que nombra a Delgado por infracción del principio de imparcialidad, contenido en el artículo 124.2 de la Constitución, al considerar que Delgado pasó de ser ministra de Justicia y diputada del PSOE a ser propuesta y nombrada fiscal general. Dicha argumentación se sostiene en el voto particular formulado al informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial por siete vocales que votaron en contra.