El grupo de Vox en el Parlamento de Cataluña ha registrado una propuesta de resolución en la que pide la retirada del nombre de Lluís Companys de calles y plazas, que se haga un reconocimiento público a las víctimas de la represión en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil y que el Parlament condene el golpe de Estado promovido por Companys el 6 de octubre de 1934 así como los crímenes de los que fue responsable el presidente de la Generalidad durante la contienda española.
En la exposición de motivos se afirma que "el nacionalismo catalán y demás grupos políticos de izquierdas han pretendido convertir a Luis Companys en un mito durante los últimos 45 años, falsificando de forma deliberaba y torticera la nefasta ejecutoria política de un hombre que no estuvo a la altura de las circunstancias históricas que le tocó vivir. El hecho de que Companys fuese fusilado no justifica en ningún caso la absolución de sus crímenes".
La nota recuerda que Companys fue condenado por la República a treinta años de prisión por la proclamación del estado catalán e indultado tras las elecciones de febrero del 36, así como que mandó fusilar a los militares sublevados en julio de ese año, creó las milicias de "incontrolados" que sembraron el terror en Cataluña durante la Guerra Civil y que firmó cuatrocientas sentencias de muerte, aunque se le atribuyen más de nueve mil muertes, muchas de ellas tras "juicios" en los denominados tribunales populares o en acciones de las patrullas compuestas por milicianos. También se recuerda la existencia de al menos cuatro campos de concentración de la República en Cataluña así como la existencia de decenas de checas, algunas de las cuales bajo el mando de ERC.
Sobre ese partido, la propuesta destaca que "ERC, que siempre ha querido presentar una imagen impoluta, de un partido defensor de la "democracia" y las "libertades", no solamente formaba parte del Comité de Milicias Antifascistas, sino que tenía Checa propia, en la población de Moncada y Reixac. El cementerio de Moneada i Reixac se convirtió en la mayor fosa común de Cataluña, con 1.600 asesinados, incluyendo al Obispo de Barcelona, Dr. Manuel Irurita, el mismo que intercedió por Luis Companys para que le fuera conmutada la pena de muerte a la que fue sentenciado por el golpe de Estado del 6 de octubre de 1934".
Persecución religiosa
Además, Vox recurre a fuentes de la propia Generalidad para dar cuenta de los efectos de la represión ejercida por Companys: "La cifra total de víctimas entre julio de 1936 y febrero de 1939 fue de 8.352, mientras que sólo entre julio y septiembre, el periodo más duro de la represión el número de personas asesinadas fue de 4.682. De los cuales eran: sacerdotes y religiosos: 2.441; Liga Regionalista: 281; Carlistas: 1.199; CEDA; 213; Falange; 108; Renovación Española; 70; Acción Ciudadana; 117; Unión Patriótica: 36; Sindicato Libre; 110; Federación de Jóvenes Cristianos; 18; Otros; 34".
Respecto a las matanzas de curas y monjas, la propuesta subraya que "en el caso concreto de la Iglesia Católica puede afirmarse que se cometió un auténtico genocidio sobre el segmento social de los religiosos. Fueron asesinados 4 obispos en Cataluña, se exterminó al 22% del clero de la diócesis de Barcelona y al 65% de la de Lérida. Incluso hay una interminable lista testimonios fotográficos de macabras profanaciones de tumbas en el interior de los templos. La furia asesina contra la Iglesia Católica en Cataluña no tuvo parangón y se ajusta perfectamente a la definición de genocidio dada por la Corte Penal de Roma: "Aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos".