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Renovación del Tribunal Constitucional: el PP coloca a Enrique Arnaldo y Concha Espejel y el PSOE a Montalbán y Sáez

PP y PSOE anuncian los nombres de su acuerdo para renovar el Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Gabilondo será Defensor del Pueblo.

PP y PSOE anuncian los nombres de su acuerdo para renovar el Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Gabilondo será Defensor del Pueblo.
EFE

El PSOE y el PP han acordado la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, pendiente desde 2019, y han pactado además el recambio para doce consejeros del Tribunal de Cuentas, además de situar a Ángel Gabilondo como futuro Defensor del Pueblo.

Fuentes del PSOE y del PP han hecho un anuncio conjunto de los nombres que renovarán estas tres instituciones y la Agencia de Protección de Datos.

Según han informado fuentes parlamentarias, está previsto que estos nombramientos se voten en el Pleno del Congreso el próximo 10 de noviembre.

Se trata de cuatro exvocales del CGPJ: Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes Generales; Concha Espejel Jorquera, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional, son los nombres que renovarán el Tribunal Constitucional, del que salen cuatro miembros, incluido su actual presidente.

Enrique Arnaldo es catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad Rey Juan Carlos. Es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. También fue vocal del Consejo General del Poder Judicial desde 1996 a 2001. Además, es administrador Civil del Estado y letrado de las Cortes Generales. En 2002 fundó, junto a Ramón Entrena Cuesta, el despacho de abogados Estudios Jurídicos y Procesales (EJP) y ha sido profesor de Derecho Constitucional de la Universidad San Pablo-CEU.

Concepción Espejel fue elegida vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2008 procedente de la Audiencia de Guadalajara. Tras su paso por el Gobierno de los jueces, recaló en la Audiencia Nacional, donde ha juzgado casos como el de Valtònyc, Alsasua o el mayor Josep Lluís Trapero. Fue elegida para el cargo de presidenta de la Sala de lo Penal después de que ese puesto quedara vacante por finalización del mandato de su anterior titular, el ahora ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Espejel fue recusada en septiembre de 2015 junto al actual consejero madrileño Enrique López para evitar que formara parte del tribunal que juzgaría el caso Gürtel por su supuesta relación con el PP.

Ramón Sáez Valcárcel también pasó por el CGPJ entre 1996 y 2001 y lo hizo a propuesta de IU. Ahora, su designación para el Constitucional se vincula a la influencia de Unidas Podemos. Es autor de la sentencia absolutoria por bloquear el Parlamento de Cataluña en 2011. Al igual que Espejel, ha optado sin éxito a plazas en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Además, también formó parte del tribunal que juzgó a Trapero. Sáez Valcárcel fue el ponente y optó por la absolución (tesis que se impuso), mientras Espejel firmó un voto particular en el que se mostraba partidaria de la condena por sedición.

Inmaculada Montalbán Huertas es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Esta jurista ya fue en el año 2008 vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, ha sido presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, y recibió la Medalla de Andalucía en el 2012.

En un texto compartido, tanto el PP como el PSOE ha destacado que todos los nombres propuestos son "de consenso" y "profesionales de prestigio reconocido y una dilatada trayectoria profesional".

El Tribunal de Cuentas y la AEPD

PSOE y PP han dado a conocer los doce miembros que renovarán también el Tribunal de Cuentas y que son los de Enriqueta Chicano Jávega, consejera del Tribunal de Cuentas; Isabel Fernández Torres, profesora de Derecho Mercantil de la UCM; Dolores Genaro Moya, también consejera de este Tribunal; Elena Hernáez Salguero, expresidenta del Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad de Madrid, y Diego Íñiguez Hernández, magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo.

La lista la completan Rebeca Laliga, subdirectora General del Notariado y de los Registros del Ministerio de Justicia; José Manuel Otero Lastres, catedrático de Derecho Mercantil; Joan Mauri Majós, profesor de Derecho Administrativo Universidad de Barcelona; Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada; Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla, abogado del Colegio de Vizcaya; Mª Luz Rodríguez Rodríguez, gerente tributaria de la Diputación de Barcelona, y Miguel Ángel Torres Morato, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas.

Socialistas y populares han optado además por la catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia Belén Cardona para dirigir la Agencia de Protección de Datos, mientras que Borja Adsuara Varela, abogado y consultor en derecho digital, será su adjunto.

Además, como ya había trascendido, Ángel Gabilondo, exministro de Educación y portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid hasta las elecciones de mayo, será el Defensor del Pueblo y tendrá como adjunta primera a la diputada del PP y víctima de ETA María Teresa Jiménez Becerril.

El PSOE, satisfecho

El portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, era el primero que comparecía, pasadas las 21 horas, para valorar los nombramientos: "Se ha demostrado que cuando hay voluntad y propósito de negociación, se pueden alcanzar los objetivos" informa Rubén Fernández.

El socialista reconocía que Unidas Podemos "no había partido en la negociación pero sí que ha existido una interlocución" entre el PSOE y la formación que ahora lidera Ione Belarra. "Ahora, el reto es modificar el Gobierno de los jueces. El PSOE insiste en renovar el CGPJ "con la ley vigente. El partido de Sánchez espera que, quizás, después de los Presupuestos se abra un nuevo escenario.

La clave del éxito de la negociación han sido las buenas relaciones entre los dos negociadores. Teodoro García Egea y Félix Bolaños han mantenido desde hace días una "interlocución fluida y constante". Lo único que no se cumplirán serán los plazos. La semana del 25 está llena de comisiones presupuestarias que dificultarán que llegue a pleno. Se espera que su tramitación comience en la semana del 2 y que, finalmente, lleguen a pleno en la semana del 10. En ese momento, serán ratificados por los tres quintos que exige la Constitución.

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