La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha decidido ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que condena al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por patear a un policía y ha comunicado al condenado la pérdida de su escaño.
Según han informado fuentes de la Presidencia de la Cámara, Batet ha comunicado a Rodríguez el oficio del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por el que se da traslado de la sentencia de la Sala Segunda, que comporta la pérdida de su condición de diputado, y del auto por el que se dispone su ejecución.
El Supremo condenó a Rodríguez por un delito de atentado a un agente de la autoridad a una pena de un mes y medio de prisión, sustituida en el fallo por una multa de 540 euros, y otra accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo.
Precisamente esa sustitución de la pena de cárcel por una sanción -que además el diputado condenado ya ha pagado- es lo que esgrimieron los letrados del Congreso en el informe que redactaron sobre este caso, donde concluían que la sentencia del Supremo no debía tener efectos extra penales. El informe fue el utilizado por Batet para justificar que Rodríguez mantuviera su escaño entre protestas de PP y Vox.
Un día después de que la Mesa se posicionara, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, dirigió un oficio a Batet pidiéndole que remitiera al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez.
Este oficio llevó a la presidenta de la Cámara a reunir de nuevo el jueves por la tarde al órgano de gobierno de la Cámara. En esa cita, Batet trasladó a sus compañeros que interpretaba que el Alto Tribunal estaba pidiendo que el Congreso inhabilitara a Rodríguez, pero les consultó la conveniencia de pedir aclaraciones al Supremo sobre los efectos de la sentencia.
La contestación a esa solicitud tardó apenas unas horas. Este mismo viernes, Marchena respondía a Batet que descartaba cualquier error en la sentencia, que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria "obligada" y que el Supremo no está para asesorar a otros órganos del Estado.