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Belarra se puede enfrentar a 2 años de cárcel e inhabilitación por sus graves acusaciones al Supremo

Fuentes jurídicas consultadas por LD afirman que "la Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado debe actuar de oficio y denunciar a Belarra".

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Fuentes jurídicas consultadas por LD afirman que "la Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado debe actuar de oficio y denunciar a Belarra".
EFE

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, se puede enfrentar a 2 años de cárcel e inhabilitación tras sus graves acusaciones al Tribunal Supremo. Belarra acusó el pasado viernes en las redes sociales al Alto Tribunal de cometer un delito de prevaricación tras condenar al ya exdiputado de la formación morada, Alberto Rodríguez.

En un comunicado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mostraba su "absoluto y rotundo rechazo" a las manifestaciones de Belarra "con mayor rotundidad que en otras ocasiones" porque atribuyen "la comisión de un delito a sus magistrados". Una afirmación que, según el CGPJ, "excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión", además de "generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación".

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que la acusación de prevaricación de Belarra al Supremo constituye "un delito de calumnia propagado con publicidad, por lo que la pena puede ser de hasta dos años de prisión. Además, al dirigirse contra autoridades, debe ser investigada de oficio".

"Siendo un delito perseguible de oficio cuya comisión resulta evidente y notoria, la Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado y en su defecto, y tratándose de un delito cometido por un aforado ante el Supremo, la Fiscalía de Sala del TS, tienen la obligación de presentar querella o denuncia por los hechos ante el Alto Tribunal contra Belarra. En este punto, la omisión de la Fiscalía General del Estado o de la Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo sería un hecho de una gravedad extrema", destacan.

"Cabría que la propia Sala Segunda del Supremo actuase de oficio y, después del comunicado del viernes, la Comisión Permanente del CGPJ está obligada a dirigirse a la Fiscalía General del Estado o al órgano judicial competente (Sala Segunda del TS) y denunciar los hechos. Sin perjuicio de todo lo anterior, cualquier ciudadano puede dirigirse a la Sala Segunda del Supremo y denunciar los hechos, y que se inicie el procedimiento o presentar la querella correspondiente en ejercicio de la acción popular", añaden.

Además, los magistrados calumniados "también pueden ejercer la acción correspondiente, aunque habiéndoseles calumniado por cumplir los deberes de su cargo, es de esperar que la Comisión Permanente del CGPJ y la Fiscalía General de Estado cumplan con sus obligaciones que justifican su existencia", destacan.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que Belarra podría seguir los pasos de Rodríguez y perder su escaño y Ministerio. "La conexión de la calumnia con su actuación política está más que clara y eso justificaría la accesoria de inhabilitación especial que la sacaría del gobierno, pero también porque la pena de pena de prisión llevaría a aplicar el 6.4 LOREG y a echarla de las Cortes por incompatibilidad o ‘inelegibilidad sobrevenida’", señalan.

Indignación con los vocales díscolos del CGPJ

Cabe destacar que el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que condenó el viernes las graves acusaciones de Ione Belarra contra el Tribunal Supremo fue aprobado con los votos del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en funciones, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya. Sin embargo, los vocales Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda votaron en contra.

Fuentes del CGPJ consultadas por este diario destacan que "los ánimos en el CGPJ, son los que de manera muy expresiva se pusieron de manifiesto en el comunicado" y muestran su profunda indignación con los vocales díscolos Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda, a los que recriminan que votasen en contra del acuerdo con el objetivo de conseguir que el PSOE les consiga un cargo cuando termine su mandato como vocales.

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