La Fiscalía no actuará de oficio contra la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, pero informará a favor de admitir una querella contra ella cuando se presente ante el Tribunal Supremo. Belarra acusó el pasado viernes en las redes sociales al Alto Tribunal de cometer un delito de prevaricación tras condenar al ya exdiputado de la formación morada, Alberto Rodríguez.
En un comunicado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mostraba su "absoluto y rotundo rechazo" a las manifestaciones de Belarra "con mayor rotundidad que en otras ocasiones" porque atribuyen "la comisión de un delito a sus magistrados". Una afirmación que, según el CGPJ, "excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión", además de "generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación".
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital aseguran que los fiscales de lo Penal del Supremo consideran mayoritariamente que existe "relevancia penal" en las graves acusaciones de la ministra y líder de Podemos contra los magistrados del Supremo a los que acusó directamente de cometer un delito de prevaricación.
No obstante, descartan actuar de oficio porque en la reunión informal mantenida este lunes por la mañana, no todos los representantes del Ministerio Público presentes se mostraban a favor de iniciar una actuación de oficio contra Belarra. En dicho encuentro, no participó la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que al tratarse de un asunto relacionado con un político debe abstenerse, tras haber sido ministra de Justicia con el PSOE.
Las mismas fuentes consultadas por este diario están convencidas de que la querella contra la ministra de Derechos Sociales es inminente y en ese momento es cuando la Sala Penal del Supremo les dará traslado e informarán a favor de la admisión de la misma: "No se va a actuar de inmediato, pero en cuanto se presente una querella, se actuará".
Tal y como publicó LD, la acusación de prevaricación de Belarra al Supremo constituye "un delito de calumnia propagado con publicidad, por lo que la pena puede ser de hasta dos años de prisión. Además, al dirigirse contra autoridades, debe ser investigada de oficio. Siendo un delito perseguible de oficio cuya comisión resulta evidente y notoria, la Fiscalía General del Estado y, en su defecto, y tratándose de un delito cometido por un aforado ante el Supremo, la Fiscalía de Sala del TS, tienen la obligación de presentar querella o denuncia por los hechos ante el Alto Tribunal contra Belarra".
"Cabría que la propia Sala Segunda del Supremo actuase de oficio y, después del comunicado del viernes, la Comisión Permanente del CGPJ está obligada a dirigirse a la Fiscalía General del Estado o al órgano judicial competente (Sala Segunda del TS) y denunciar los hechos. Sin perjuicio de todo lo anterior, cualquier ciudadano puede dirigirse a la Sala Segunda del Supremo y denunciar los hechos, y que se inicie el procedimiento o presentar la querella correspondiente en ejercicio de la acción popular", añadían las mismas fuentes.
Tampoco se descarta que las acusaciones de Belarra puedan encajar en un delito contra las instituciones del Estado del artículo 504 del Código Penal: "Incurrirán en la pena de multa de doce a dieciocho meses los que calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma".
Belarra tras los pasos de Rodríguez
Además, los magistrados calumniados "también pueden ejercer la acción correspondiente, aunque habiéndoseles calumniado por cumplir los deberes de su cargo, es de esperar que la Comisión Permanente del CGPJ y la Fiscalía General de Estado cumplan con sus obligaciones que justifican su existencia", destacan.
Belarra podría seguir los pasos de Rodríguez y perder su escaño y Ministerio. "La conexión de la calumnia con su actuación política está más que clara y eso justificaría la accesoria de inhabilitación especial que la sacaría del gobierno, pero también porque la pena de pena de prisión llevaría a aplicar el 6.4 LOREG y a echarla de las Cortes por incompatibilidad o 'inelegibilidad sobrevenida'", señalan.