La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ordenó investigar una denuncia presentada por su pareja Baltasar Garzón en septiembre de 2018 sobre el fiscal Anticorrupción del caso Villarejo, Ignacio Stampa. El exmagistrado especificaba en dicha denuncia que las filtraciones sobre la causa podrían proceder de quienes tenían acceso a la investigación, excluyendo al magistrado instructor y a los funcionarios del Juzgado.
Garzón denunció las filtraciones de la causa tras la publicación de las grabaciones de la comida mantenida por el propio exmagistrado, Delgado y el comisario José Villarejo en el restaurante Rianxo de Madrid en octubre del 2009. Estos no habían sido intervenidos por los investigadores y no formaban parte del sumario. Recordamos que tanto Garzón como Delgado se vieron salpicados en la pieza 4 del caso Villarejo denominada Pit en la que se investiga la frustrada extradición a Guatemala del empresario español Ángel Pérez-Maura. Ambos siempre lo han negado.
Libertad Digital ha tenido acceso a la reclamación de "responsabilidad patrimonial" presentada por el fiscal Stampa ante el Ministerio de Justicia de Pilar Llop por el "funcionamiento anormal" de la Fiscalía General del Estado. Un demoledor escrito en el que Stampa denuncia numerosas irregularidades presuntamente cometidas por Delgado y la Fiscalía. Entre ellas, las órdenes de la fiscal general a través de su mano derecha para que el Ministerio Público investigase la citada denuncia de Garzón.
Delgado debía abstenerse ya que la denuncia había sido presentada por su pareja y le afectaba a ella. Sin embargo, la fiscal general del Estado dictó "órdenes e instrucciones" en el seno de la Fiscalía a través de su mano derecha y "brazo ejecutor", el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz.
Stampa era fiscal del caso Villarejo y fue apartado de Anticorrupción tras verse salpicado junto a su compañero Miguel Serrano por los mensajes del chat del equipo legal de Podemos en el que la abogada de la formación morada, Marta Flor Núñez, hacía referencia a la supuesta información confidencial que les estaban filtrando sobre el caso Dina. Se inició una investigación penal contra Stampa en la Fiscalía de Madrid que fue archivada el pasado mes de febrero al no existir indicios delictivos y una investigación interna de la que también resultó exonerado al mes siguiente. En el marco de estas pesquisas, se investigó a su vez la denuncia presentada por Garzón.
LD publica un escrito con fecha de 23 de julio de 2020 firmado por el entonces inspector jefe fiscal, Fausto Cartagena, encargado de la investigación interna a Stampa, en el que se hace referencia a la denuncia de Garzón que va a ser remitida a la investigación penal abierta a Stampa. La mano derecha de Delgado, Álvaro García Ortiz, insistió en comunicaciones posteriores que los hechos se debían investigar. Todos estos documentos han sido aportados por el exfiscal Anticorrupción ante el Ministerio de Justicia para acreditar sus acusaciones contra Delgado.
Fuentes jurídicas consultadas por este diario señalan que el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que los miembros del Ministerio Fiscal no podrán ejercer sus cargos "en las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal".
Precisamente, el Gobierno de Pedro Sánchez descartaba ayer cesar a Delgado como fiscal general del Estado tras las publicaciones sobre los supuestos vínculos de su pareja Baltasar Garzón con la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Delgado y Garzón en la pieza Pit del caso Villarejo
En la pieza Pit del caso Villarejo, el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional investiga la frustrada extradición a Guatemala del empresario español Ángel Pérez-Maura, tras el supuesto cobro de 10 millones de euros por parte del comisario. Según relata el propio Stampa en su escrito presentado ante el Ministerio de Justicia, existen anotaciones de los principales investigados sobre una eventual participación de la propia fiscal general del Estado en su etapa como fiscal de la Audiencia Nacional.
También existían presuntos indicios de la participación de su pareja Baltasar Garzón. Además, tres de los principales acusados de la causa, Carlos Salamanca, Eugenio Pino y Enrique García Castaño eran defendidos por abogados del despacho de Garzón, Ilocad. LD ya publicó el pasado mes de abril el audio que probaba la intervención directa de Garzón en este caso, durante la declaración de García Castaño, tras ser detenido el 11 de julio de 2018 por presuntos delitos de revelación de secretos, organización criminal y blanqueo de capitales.